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El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, estudiará a partir del lunes, con los servicios jurídicos municipales, si el Ayuntamiento recurre o no la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León que ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación de vecinos del barrio de Compostilla y Bierzo Aire Limpio contra cuatro acuerdos de la Junta de Gobierno Local de Ponferrada, adoptados entre los años 2017 y 2018 –siendo alcaldesa la ‘popular’ Gloria Fernández Merayo– en virtud de los cuales se otorgaron licencia y autorización para el inicio de las obras de la Central Térmica y Red de Calor con Biomasa de Ponferrada.
Tras destacar que ha conocido la sentencia este fin de semana, por lo que aún no puede manifestarse definitivamente sobre sus consecuencias, Ramón ha indicado que, en cualquier caso, “con el actual equipo de gobierno no hubiera ocurrido esto, no somos partidarios de las autorizaciones excepcionales de carácter provisional como la que tuvo este proyecto y como también lo fue la otorgada al parking del canal, que bordeó la legalidad; se abusó de este tipo de autorización”.
Y es que este es uno de los razonamientos en los que se basa la sentencia, “que sostiene que no puede ser provisional algo que en su proyecto se define con carácter definitivo”, indicó el alcalde. Otras de las razones de la decisión judicial es que se trata de una instalación de carácter industrial y no de un equipamiento. Además, alude a criterios de falta publicidad y justificación medioambiental.
Una proyecto anterior a lo anunciado
Por todo ello, el alcalde opina que en su día “no se dijo toda la verdad ni se hicieron todas las cosas bien”. Así, reprocha al anterior equipo que no consultara con el resto de la corporación ni con la ciudadanía este proyecto antes de iniciarlo. “Consultaron cuando las decisiones estaban tomadas”, manifestó, al tiempo que reveló que en el Consistorio consta un documento, con fecha de noviembre de 2015, con el compromiso de realizar esta obra mucho antes de que el proyecto se diera a conocer; un compromiso que ni siquiera los socios de gobierno de la exalcadesa, Coalición por el Bierzo, conocían.
Igual hay implicaciones patrimoniales para el Ayuntamiento y nos exigen responsabilidades
Olegario Ramón entiende que la sentencia provoca un problema serio, tras la inversión en la central de cuatro millones de euros y que por el momento no se podrá utilizar. “Igual hay implicaciones patrimoniales para el Ayuntamiento y nos exigen responsabilidades”, expresó.
Responsabilidad civil para los políticos
Preguntado por la decisión de actuar judicialmente contra el anterior equipo, Ramón no quiso pronunciarse pero no descartó ningún tipo de actuación hasta concretar la decisión final con los servicios técnicos municipales. Sí recordó su opinión personal de que debería existir una ‘responsabilidad civil’ -fórmula legal- aplicable a las personas que han pasado por la política. “De ser así, en algún caso, personas que tienen un gran patrimonio estarían arruinadas”, destacó.