Educación aplaza a 2024 la nueva EBAU y la mantendrá en periodo de prueba hasta 2028

El ministerio de Educación anunció su decisión de aplazar, hasta junio de 2024, la implantación, en periodo de prueba, de la nueva prueba de acceso a la universidad, tal y como habían solicitado varias comunidades autónomas. Según explicó el secretario de Estado, José Manuel Bar, al término de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este martes en Madrid, todas las regiones excepto Castilla y León y Madrid apoyaron este aplazamiento para ampliar el plazo de negociación del nuevo modelo de examen.

Precisamente estas dos comunidades, que continúan defendiendo una EBAU única para todo el país, decidieron abandonar los grupos de trabajo mientras que Andalucía y Galicia solicitaron empezar de cero. Dos posturas que, de momento, no impedirán que el Gobierno continúe avanzando en el nuevo modelo de examen, que seguirá siendo por asignaturas, ya que, según José Manuel Bar, hacer lo contrario “echaría por tierra el trabajo realizado durante meses y generaría incertidumbre en la comunidad educativa”.

“Pelearé para que no abandonen los grupos de trabajo”, avanzó el secretario de Estado en rueda de prensa, a pesar de que, a su juicio, “abandonar no es mostrar voluntad de diálogo ni de acuerdo, sino de imposición desde la minoría”. Para tranquilizar a la comunidad educativa, Bar aseguró que “el Gobierno va a cumplir con su responsabilidad con los alumnos y profesores” y anunció que durante el verano de 2023 se presentarán los detalles del examen que comenzará su periodo de prueba en 2024, sin la prueba de madurez inicialmente prevista, y se implantará de manera progresiva hasta 2028.

Asimismo explicó que, desde septiembre, se han celebrado más de veinte reuniones para buscar puntos de consenso, cuatro de ellas entre el ministerio y las comunidades, y que se han creado grupos de trabajo específicos de cada una de las materias, con especialistas propuestos por los propios gobiernos regionales, que se reúnen, de manera individual, cada diez días.

Respecto a la prueba única que reclama Castilla y León, el secretario de Estado aseguró que “es inviable jurídicamente y también desde el punto de vista práctico, porque no es una propuesta que aspire a tener el consenso de todas las regiones”.