Facebook
Instagram
YouTube
WhatsApp
La pasada semana, con motivo de la visita al Bierzo de la ministra para la Transición Justa, cuatro colectivos ecologistas solicitaron una entrevista que “no pudo ser”, afirman los activistas.
El gabinete de la ministra derivó la gestión a la directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín Murillo, quien se reunió con representantes de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, ADEGA, la Sociedade Galega de Ornitoloxía y Bierzo Aire Limpio.
Aunque el encuentro fue cordial, los ecologistas lamentaron la ausencia de la ministra Teresa Ribera: “No sabemos qué puede haber más urgente en estos momentos para El Bierzo, León o Galicia, y para toda la cordillera cantábrica, que parar el desastre eólico que impulsa y promueve desaforadamente el propio Ministerio para la Transición Ecológica”.
Estos colectivos manifestaron a la representante del Ministerio de Transición Ecológica que “se sienten abandonados por el gobierno y que los colectivos sociales están siendo los únicos que, de manera altruista, están defendiendo el paisaje, los hábitats y todo el patrimonio natural de la Cordillera Cantábrica, incluidos los últimos refugios del urogallo cantábrico, amenazados por las multinacionales eólicas”.
“Es inconcebible que se escojan como ubicación de estos parques eólicos los montes y bosques más valiosos de nuestro territorio y no haya ni un solo proyecto que se asiente en escombreras (y en El Bierzo tenemos unas cuantas), polígonos industriales o suelos degradados”, denuncian en Bierzo Aire Limpio.
A juicio de estos colectivos, “los macroparques eólicos no crean empleo e intensifican el éxodo rural, haciendo constar como prueba varios ejemplos. El turismo, la agricultura y otras actividades económicas están muy vinculadas al paisaje del que proceden (un conocido bodeguero riojano afirma que “embotella paisaje” y ha renunciado a ampliar su negocio en un lugar en el que hay varios proyectos eólicos). Antropizar los espacios naturales puede dañar de manera irreversible a estas actividades”, aseguran en un comunicado de prensa.
Los representantes de las organizaciones conservacionistas hicieron especial énfasis en “el daño irreversible que puede crear en los territorios de la Cordillera Cantábrica la aplicación de los artículos relativos a los proyectos de energía renovable de los reales decretos-ley 6/2022 y 20/2022”. Exigieron la derogación de estos artículos “por vulnerar descaradamente las normas de evaluación ambiental vigentes, eximiendo de evaluación ambiental ordinaria a la mayoría de los proyectos industriales de renovables que son competencia del Ministerio, independientemente de su potencia. Además, estos artículos eliminan espacios de participación pública en los procedimientos de autorización”.
A esto se suma, aseguran, “el incumplimiento del mandato europeo en cuanto a la necesaria ampliación de Red Natura 2000 y la elaboración y ejecución de los planes de gestión y conservación, cuestión que afecta especialmente a Galicia y por la que la Comisión Europea mantiene abierto un expediente sancionador contra el Estado español”.
“Cualquier afección a las comunidades vegetales y los niveles freáticos en las cumbres va a afectar a un territorio mucho mayor. Como ejemplo, se destacan las turberas, uno de los mayores sumideros de carbono existentes en riesgo de perderse —como ya está pasando en el parque del Escudo (Cantabria)— por las máquinas de sondeo que, a pesar de la paralización cautelar, tratan de continuar con sus tareas para instalar aerogeneradores”, señalan estas asociaciones.
Los colectivos presentes interpelaron a la directora del Instituto para la Transición Justa acerca del llamado PNIEC (Plan Integrado de Energía y Clima), actualmente recurrido por el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica ante el Tribunal Supremo, aseguran. “El PNIEC —argumentan— apoya el mismo sistema económico que nos ha traído aquí. No se habla de eficiencia, ahorro, sino justo lo contrario. La zonificación es deficiente, tanto en su elaboración como en la implementación normativa, y es la que están usando los promotores. Se enfatiza que la zonificación no incluye los planes de conservación de las especies protegidas y amenazadas, porque a nivel nacional, falta el 85% de los mismos. No hay una evaluación ambiental estratégica, ni refleja los compromisos con la conservación”.
Los colectivos abogaron ante la representante del Ministerio por el autoconsumo y las comunidades energéticas “en vez de apostar —como está ocurriendo— por las multinacionales del modelo anterior, que solo buscan los beneficios caídos del cielo”.
Según estas asociaciones, en su respuesta, la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, “defendió el PNIEC como una herramienta valiosa y puso el énfasis en el dinero invertido en restauraciones en las áreas de transición justa en El Bierzo y el Alto Sil. Pero reconoció que los proyectos de energías renovables con acceso a la red superan las necesidades de electricidad que tenemos. Rebatió el argumento de que los macroproyectos de renovables favorezcan la despoblación (‘no está demostrado’) y reconoció deficiencias administrativas en materia de acceso a la información. Finalmente, se comprometió a trasladar las demandas a la ministra Ribera y a estudiar cómo abordar las autorizaciones de proyectos eólicos en Comunidades Autónomas reticentes a ampliar la Red Natura o con poca superficie protegida, incumpliendo el estándar europeo”.