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La Policía Nacional han detenido a 85 personas que operaban en varias provincias, entre ellas León, por defraudar casi 800.000 euros a las arcas públicas a través de siete empresas ficticias. Los supuestos trabajadores pagaban entre 1.200 y 1.700 euros por la compra de un contrato y unos 300 euros por cada uno de los meses que permanecieron dados de alta en la Seguridad Social. La organización, que estaba formada por miembros de una misma familia de origen marroquí, operaba desde septiembre de 2014. El objetivo era que personas extranjeras pudieran solicitar autorización para residir en España u obtener subsidios y ayudas sociales por desempleo.
Los investigadores llevaron a cabo un seguimiento exhaustivo de las operaciones que realizaban siete empresas, las cuales habrían dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social de forma indebida a trabajadores extranjeros, para así permitir que éstos regularizaran su situación administrativa en España o bien para que obtuvieran ilegalmente diversas prestaciones sociales, todo ello sin que se realizase actividad laboral real alguna por parte de las personas contratadas en dichas empresas.
Desde septiembre el año pasado, según informa la Policía, los detenidos habrían defraudado casi 800.000 euros a la Seguridad Social, a través de altas a trabajadores extranjeros para que regularan su situación administrativa en España o para que obtuvieran ilegalmente prestaciones sociales, sin que efectivamente se realizase actividad laboral real alguna por parte de las personas contratadas.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra que daba cuenta de la existencia de un grupo de empresas administradas por ciudadanos marroquíes que al parecer vendían contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social.
Las investigaciones pusieron de manifiesto que las supuestas empresas, habrían generado una deuda con el Sistema General de la Seguridad Social de unos 242.726 euros aproximadamente, además de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los supuestos trabajadores tras cesar su actividad con la empresa que ascenderían a más de 537.000, euros, lo que eleva la cantidad total defraudada a casi 800.000 euros.
Tras las pesquisas realizadas, se pudo determinar, que el fin último de todas las personas que compraban los supuestos contratos era en unos casos obtener un soporte documental sólido para regularizar su situación en España y, en otros el cobro de prestaciones o ayudas sociales por desempleo. Los supuestos trabajadores de esas empresas no realizaban ningún tipo de actividad laboral real.
La Policía averiguó también que los supuestos trabajadores habrían pagado a los empleadores entre 1.200 y 1.700 euros por la compra de un contrato y unos 300 euros por cada uno de los meses que permanecieron dados de alta en la Seguridad Social.
La operación se ha saldado con la entrada y registro en dos domicilios en los que se ha intervenido numerosa documentación relacionada con las altas y contratos fraudulentos investigados.
La investigación sido llevada a cabo por la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Pamplona y de Logroño, con la colaboración de las de Castellón, Murcia, Lleida, Zaragoza, Alicante, Granada, San Sebastián, Guadalajara, Tarragona, Almería, Algeciras, León, Huesca, y Girona.