PREMIOS MUJER 2024

Declara la hija del matrimonio acusado de presunta estafa de productos financieros

El magistrado que instruye el caso solicitó su imputación por una posible colaboración en los supuestos hechos delictivos.
Imagen de la llegada al Juzgado de la hija del matrimonio junto con su abogado

E.Jiménez/F.García

Este miércoles por la mañana ha declarado, en el Juzgado número 4 de Ponferrada, en calidad de imputada la hija del matrimonio acusado por un presunto delito de estafa y falsificación de documentos de productos financieros. El magistrado que instruye el caso solicitó su imputación por una posible colaboración en los supuestos hechos delictivos.

El abogado defensor, José Ramón Cerezales, ha relatado a este diario que la chica, con iniciales R. E. B y de 26 años de edad, figuraba como agente en diversas pólizas. “Figuraba como titular pero era su padre el que llevaba toda la operativa”, señala el letrado.

A su vez, en su declaración ha manifestado que desconocía cualquier tipo de operación, “de hecho no ha tenido nunca contacto directo con los clientes, no ha tenido nada, sólo que su padre la tenía de agente”.

Con esto, José Ramón Cerezales ha señalado que lo que han defendido en el Juzgado es “que ella, basándose en la confianza, como no puede ser de otra manera, que tenía con su padre, se la puso de agente. No tenía contacto con los clientes, no suscribió ningún tipo de póliza, no asesoró como agente de ninguna manera y no contrató directamente con nadie de las aseguradoras. Su padre la tenía allí y era él el que llevaba toda la operativa”.

Cabe recordar que Emilio E.C y Flora B.R, el matrimonio imputado, están acusados de un presunto delito de estafa y falsificación de documento después de que once personas los denunciaran tras invertir dinero en productos financieros como depósitos o fondos y prometiéndoles intereses en torno al 6% y supuestamente no ingresaban el dinero en ningún producto de inversión de la aseguradora Catalana Occidente, aunque todas las operaciones y justificantes llevaban el anagrama de la firma de seguros. El dinero que se les reclama podría ya superar los 300.000 euros.