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El Consejo de Cuentas de Castilla y León detectó obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2014 de la Gerencia Regional de Salud por importe de 487 millones de euros, siendo 17 millones de ejercicios anteriores. Al mismo tiempo, señaló que “indebidamente” se anotaron 185 millones y otras, por importe de 107.245 euros, atribuidas a 2013 que corresponden a 2014. Así lo recoge el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad, que la institución entregó en las Cortes una vez aprobado por el Pleno de la Institución.
El conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2014 alcanzó un endeudamiento de 9.359 millones de euros, incluyendo el factoring sin recurso que, de acuerdo con Eurostat, debe tenerse en cuenta desde diciembre de 2012. La cifra alcanzada es un 14,4 por ciento superior a la de 2013. La Comunidad no cumplió los límites establecidos dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados por acuerdo del Consejo de Ministros para 2014, superando en un 0,1 por ciento el de déficit (uno por ciento del PIB) y en un 0,2 por ciento el de deuda pública (17,4 por ciento del PIB).
En opinión del Consejo, la Cuenta General se presenta, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable la actividad económico-financiera de la Comunidad, excepto en aquellos incumplimientos y salvedades que pone de manifiesto el informe de fiscalización. El informe concluye que la Cuenta General se ha rendido dentro del plazo contemplado normativamente, respetando la estructura prevista por la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, y recogiendo la información establecida, aunque existen carencias en la información suministrada en la Memoria.
Por otra parte, indica que la Cuenta sigue sin incluir todas las entidades que deberían estar integradas. Asimismo señala que el estado agregado de flujos de efectivo de la cuenta general de las empresas públicas de la Comunidad no refleja adecuadamente la realidad económica y financiera al no incluir los datos de todos los entes que la integran.
El informe observa que, al igual que en ejercicios anteriores, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General, por lo que respecta a las entidades del sector público sujetas al régimen de contabilidad pública, no son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de la cuenta general del sector público administrativo. La elaboración de la Cuenta General del Estado, conforme a su nueva regulación, abandona la estructura en tres cuentas estableciendo una cuenta única consolidada de todas las entidades que integran el sector público estatal,ampliando el ámbito subjetivo a las entidades controladas directa o indirectamente por la Administración General del Estado.
En la Comunidad sigue existiendo la división en tres cuentas generales, la de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, la del sector público empresarial y la del sector público fundacional.
Entidades del Sector Público
El Consejo entiende que el estado de liquidación del presupuesto rendido no es coherente con la información financiera del balance y de la cuenta del resultado económico-patrimonial debido a que aquel se presenta consolidado y en estos la información figura agregada. “La agregación realizada en el balance y en la cuenta del resultado económicopatrimonial produce duplicidades y, por tanto, sobrevaloraciones en las magnitudes contables que reflejan las operaciones internas realizadas entre las diversas entidades, concretamente en transferencias corrientes y de capital, y en la cesión y adscripción de bienes”, señala.
La suma de los presupuestos definitivos del conjunto de entidades integradas en esta Cuenta General ha sido de 14.341 millones de euros, habiendo experimentado un aumento de 37 millones respecto al ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 0,3 por ciento. Las obligaciones reconocidas consolidadas por el conjunto de entidades se han situado en 9.737 millones de euros, un 3,6 por ciento superior a 2013, y los derechos reconocidos consolidados han sido 9.885 millones, un 3,8 por ciento más.
El registro de inventario no está implantado en la totalidad de los entes y el inventario general no recoge todos los bienes y derechos que integran el patrimonio. Por otra parte, permanece pendiente la depuración del saldo de la cuenta que refleja las revalorizaciones relativas a los bienes inmuebles de la Comunidad.
Como consecuencia de la fiscalización realizada, el Consejo propone en el resultado presupuestario consolidado un ajuste negativo de 547 millones de euros, lo que elevaría la cifra total de este concepto a un importe negativo de 1.316 millones. En el balance agregado, tanto en el activo como en el pasivo, propone un ajuste negativo de 74 millones, que situaría el importe total en 16.176 millones. Respecto a la cuenta del resultado económico-patrimonial agregada, el Consejo plantea ajustes que suponen una disminución de 115 millones de euros, que eleva el desahorro a 998 millones.
El endeudamiento contraído a largo plazo (deuda pública y endeudamiento con entidades de crédito) pendiente de amortizar al cierre de 2014 del conjunto de las entidades del sector público de la Comunidad ascendía a 8.721 millones de euros, un 16 por ciento superior en la comparación interanual. La cifra alcanza los 8.939 millones teniendo en cuenta el factoring sin recurso, con un incremento del 15 por ciento. La Comunidad excedió el límite autorizado por su Ley de Presupuestos para 2014 por importe de ocho millones de euros.
Empresas públicas
El número de empresas integradas en la Cuenta General disminuyó al pasar de siete en 2013 a cinco en 2014. La Administración General de la Comunidad participa de forma mayoritaria en Cylsopa y Somacyl, la Universidad de Salamanca en Ciusal y Mercatus y el Instituto Tecnológico Agrario en Appacale. El informe de fiscalización comprueba que la cuenta general de las empresas públicas de la Comunidad comprende los estados previstos normativamente y entiende que la agregación, con carácter general, se ha realizado de forma correcta.
También indica que las cuentas del Consejo de la Juventud se han vuelto a integrar indebidamente en esta cuenta y, por contra, no han sido incluidas las de la sociedad Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca. Solo dos empresas tienen formalizadas operaciones de endeudamiento, Somacyl con un 58 por ciento del total y Cylsopa con el 42 por ciento. El importe que suman ambas es de 262 millones de euros, con una disminución del 5,8 por ciento respecto a 2013.
Fundaciones
El número de fundaciones integradas en la Cuenta General se mantiene en 13. La Administración General de la Comunidad participa como única titular en cuatro, de forma mayoritaria en una y con una participación del 50 por ciento en dos. La Gerencia Regional de Salud, la Gerencia Regional de Servicios Sociales y la Universidad de Valladolid también tienen titularidad única de una fundación cada una, y la Universidad de Salamanca de tres.
La Fundación Siglo es, entre las que conforman la cuenta, la que representa el mayor peso específico con un 28,2 por ciento de los gastos, seguida por la Fundación General de la Universidad de Valladolid, con un 17,5 por ciento y de la Fundación Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León con un 16,9 por ciento. Las únicas fundaciones que mantenían deuda viva con entidades de crédito al cierre de 2014 eran Parque Científico de la Universidad de Salamanca con 4,7
millones; Santa Bárbara (298.802 euros); y Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (3.144 euros). El endeudamiento total del sector público fundacional ha aumentado un 197 por ciento respecto al ejercicio anterior, fundamentalmente por el incremento de la primera de ellas.
Las fundaciones percibieron de las entidades del sector público autonómico subvenciones de capital por importe de 5,9 millones de euros –cantidad que ha disminuido un 42 por ciento respecto a 2013- y de explotación por 39,7 millones, un 6,8 por ciento menos, cuantías que suponen un 38,5 por ciento de los ingresos totales, porcentaje inferior al ejercicio anterior.