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El Consorcio Provincial de Residuos de León avanza en la consecución de un acuerdo extrajudicial para afrontar el pago de la deuda de 23 millones que acumula con la UTE Legio VII, encargada de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. Una vez que el Consejo de Administración de la compañía y la asamblea general de la entidad ratifique el pre-acuerdo sobre la cantidad a abonar, se establecerá un calendario de pago, según explicó este lunes el presidente del Consorcio, Ángel Calvo.
La deuda fue uno de los asuntos abordados en la reunión de la Junta de Gobierno de Gersul, en la que también se conoció que el CTR aprovechará al máximo el vaso actual y no estrenará el nuevo, ya concluido, hasta que el otro esté totalmente colmatado. Después, durante un periodo de seis meses será la empresa constructora la que asuma su funcionamiento y posteriormente será necesario llevar a cabo una modificación del contrato vigente, dado que habrá cambios tanto en la explotación del mismo como en el tratamiento de los lixiviados -residuos líquidos contaminantes-.
El convenio firmado en su día con la Junta establece que a partir de ese medio año inicial, la administración autonómica se hará cargo, en un único vertido, de los lixiviados de ambos vasos. “Puede hacerlo de manera directa, a través de Somacyl, hacer una licitación… lo más importante es que la Junta se va a encargar de todos los lixiviados y por tanto va a tener que responderse a sí misma de que lo está haciendo bien”, comentó.
El nuevo vaso ocupa una superficie de más de 130.000 metros cuadrados, con una capacidad de más de dos millones de toneladas de residuos que permitirá una vida útil de 15 años. Su construcción supuso una inversión de más de seis millones a los que hay que sumar los 5,6 que costará el sellado del actual.
La Junta de Gobierno conoció también un borrador de los estatutos de Gersul, cuya aprobación se considera fundamental para lograr el correcto funcionamiento del Consorcio, que actualmente recauda unos 12 millones al año y tiene pendiente de cobro alrededor del 20 por ciento de los recibos emitidos. “Si los alcaldes actualizásemos el padrón, aumentaría la recaudación y nadie se sentiría agraviado”, comentó Calvo.