El Consejo Consultivo de Castilla y León notificó el pasado 5 de agosto a las partes la “nulidad de pleno derecho del acuerdo de 18 de diciembre de 2020 de la junta vecinal de Otero de Toral por el que se adjudica el aprovechamiento de bienes comunales a Coral Renovables SL para la instalación de una planta de generación de energía solar de origen fotovoltaico”.
La actual presidenta de la junta vecinal, María del Carmen Vega, señaló que esta decisión “viene a refrendar lo que los vecinos venimos denunciando desde el primer momento: la falta de rigor y transparencia en el procedimiento de licitación del contrato”. Además, lamentó que “hemos recibido presiones de todo tipo, tanto desde la empresa como desde las redes sociales e, incluso, desamparo por parte del Ayuntamiento de Toral de los Vados, que se inclina por defender la actuación deshonesta de la anterior junta vecinal”.
Asimismo, acusó al alcalde, Pedro Fernández, de “desplantes, descalificaciones y recriminaciones” desde la moción de censura interpuesta a la anterior pedánea: “Ha abandonado totalmente el mantenimiento de Otero de Toral, siendo la junta vecinal la encargada de sufragar desbroces y limpiezas que en otras localidades lleva a cabo el servicio de mantenimiento del propio Ayuntamiento”.
Advertencia contra los parques fotovoltaicos
La pedánea de Otero de Toral ha aprovechado esta resolución del Consejo Consultivo para advertir de que “el Grupo Edora, en el que se integra Coral Renovables SL, ondea la bandera de las energías limpias y la creación de puestos de trabajo para blanquear unos proyectos íntegramente especulativos que únicamente atienden a sus intereses económicos”, recordando que esta empresa tiene en trámite otros parques fotovoltaicos en Cubillos del Sil, Cortiguera, San Andrés de Montejos, Arganza y Toral de los Vados.
“Son empresas rapaces creadas ex profeso para aprovechar las debilidades de nuestra legislación sobre expropiación forzosa para situar los parques solares y fotovoltaicos en cualquier ubicación que les convenga, previa presentación de unos estudios de viabilidad ambiental preformulados y basados en bibliografía”, acusa, al tiempo que anima a poblaciones y asociaciones a “no cejar en la lucha contra estas macroplantas”.