El Consejo Comarcal recibirá más de un millón para actuaciones de protección de la infancia y la drogodependencia

El Consejo Comarcal del Bierzo recibirá una subvención directa por valor de más de un millón de euros para sufragar, durante este año y el próximo, una serie de actuaciones en materia de protección a la infancia y las actividades del Centro de Asistencia Ambulatoria para drogodependientes. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves esta concesión, que se distribuye en 530.598 euros para 2023 y la misma cantidad para 2024.

En cuanto al ámbito de la infancia, una de las actividades subvencionadas está relacionada con la gestión de situaciones que puedan producir el desamparo del menor. Además, la institución comarcal desarrollará un programa para poner en marcha aquellas actuaciones generales derivadas de la ejecución de medidas judiciales para jóvenes infractores y otro con medidas más especializadas a través del apoyo profesional en casos de violencia filio-parental. Todos estos servicios están integrados en la Red de Protección de las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. El pasado año se atendió a 109 jóvenes, se ejecutaron 68 medidas con menores infractores (45 administrativas y 23 judiciales) y se intervino en 17 familias de 19 menores en casos relacionados con la violencia filio-parental.

Respecto a la atención a la drogodependencia, el objeto de financiación es el Centro de Asistencia Ambulatoria (CAD) especializada, destinado tanto a personas drogodependientes como a sus familias, gestionado por el Consejo Comarcal del Bierzo. Unas instalaciones que forman parte de la Red de Intervención en Drogodependencias del Plan Autonómico sobre Drogas de Castilla y León. En este centro, durante 2022, se ha prestado tratamiento a 287 personas (54 de ellas mujeres, cuatro víctimas de violencia de género). De ese total, 153 precisó algún tipo de fármaco; se realizaron 123 informes en colaboración con la Administración de Justicia sobre personas con trastornos por uso de sustancias y problemas jurídico-penales y, además, se participó en 23 medidas alternativas a la privación de libertad y a sanciones. Por último, 33 usuarios participaron en actividades de orientación laboral y formación para el empleo.