El Juzgado de lo Social de Ponferrada condenó al Ayuntamiento de Cacabelos a pagar a la Seguridad Social un recargo de prestaciones por un importe de 220.000 euros por no contar, durante un año, con un plan de prevención de riesgos laborales, tal y como obliga la normativa. La sentencia se origina en la denuncia de la anterior secretaria municipal, que alertó que el anterior alcalde, Adolfo Canedo, rescinidió el contrato en vigor con la empresa que se encargaba de este asunto y no lo volvió a contratar hasta pasado un año.
Al respecto, la exsecretaria denunció que su enfermedad surgió por falta de medidas de seguridad laboral cuando realizaba su trabajo en el Consistorio. El artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) dice que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”.
Tras conocer la sentencia, los responsables del actual equipo de Gobierno de Cacabelos aseguraron que “Canedo le está costando en esta legislatura al municipio de Cacabelos más de tres millones de euros”. En la misma línea, calificaron su etapa de “oscura, nefasta y dañina” y no descartaron “que pueda haber más sorpresas en el futuro”.