Condenados nueve exaltos cargos y empresarios en el ‘caso Perla Negra’ por irregularidades millonarias

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, al exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, y a seis empresarios por su implicación en las irregularidades del conocido como ‘caso Perla Negra’.

Rafael Delgado, quien ha recibido la pena más severa, cumplirá dos años y seis meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos. Además, ha sido inhabilitado por tres años y seis meses por prevaricación administrativa, aunque se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas. Delgado ha sido absuelto de otros delitos como revelación de secretos, tráfico de influencias, fraude a la Administración, cohecho y organización criminal.

Begoña Hernández, por su parte, ha sido condenada a dos años y dos meses de inhabilitación por prevaricación administrativa, también con la misma atenuante. Juan Carlos Sacristán cumplirá dos años, un mes y quince días de inhabilitación por el mismo delito.

Empresarios condenados

En cuanto a los empresarios implicados, Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes, de Urban Proyecto PM3, han sido sentenciados a once meses de prisión por violación de secretos en concurso con tráfico de influencias. Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba, y Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, del Parque Empresarial Portillo, han recibido penas de siete meses de cárcel por tráfico de influencias, además de multas de 1,47 millones de euros cada uno.

Indemnizaciones y contexto

La sentencia también obliga a Rafael Delgado, Martín Giraldo y Román Montes a indemnizar a la Junta de Castilla y León con más de 4,5 millones de euros, mientras que Delgado, junto a otros empresarios, deberá abonar más de dos millones de euros adicionales por los sobrecostes en la compra de terrenos en el polígono de Portillo.

El fallo, de más de 300 páginas, se produce tras 20 sesiones de juicio y siete meses de deliberación. El caso gira en torno a la adquisición irregular del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda y el encarecimiento fraudulento de terrenos en Portillo, que provocaron un perjuicio económico de más de 23,4 millones de euros, según la Fiscalía.

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.