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La Audiencia Provincial de León ha condenado a una pena de 46 años de prisión a R.P.F. acusado de abusar sexualmente de 16 menores que participaban en un campamento de verano en la localidad de Carucedo (León) y en otros lugares de la geografía española. Según la sentencia remitida este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el juez ha impuesto dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos, tres años por cada uno de los delitos continuados de abusos sexuales y dos años por cada uno de los cuatro delitos de abusos sexuales.
Por el delito de revelación de secretos, el acusado tendrá que abonar además una multa de 18 meses con una cuota diaria de seis euros. Además de la pena de tres años de prisión por cada uno de los delitos continuados de abusos sexuales, se inhabilita al acusado a ejercer cualquier profesión u oficio, contribuido o no, que conlleve el contacto regular y directo con menores durante el tiempo de la condena. Además, tendrá prohibido aproximarse a menos de 200 metros a cada uno de esos menores durante seis años, tiempo en el que tampoco podrá entrar en comunicación con ellos.
También se considera que cometió cuatro delitos de abusos sexuales, por lo que se le imponen dos años de prisión por cada uno de ellos, con la accesoria de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve también el contacto con menores, así como la misma imposibilidad de acercamiento o comunicación con las víctimas. En el caso de las víctimas de abusos continuados, tendrán que ser indemnizados en la cantidad de 3.000 euros cada uno, mientras que el resto de menores tendrán que ser indemnizados en 1.000 euros. Por el contrario, la Audiencia Provincial de León absuelve al acusado del delito de corrupción de menores por el que también se la había acusado.
La Fiscalía solicitaba para R.P.F. un total de 234 años de prisión para este monitor, acusado de un delito de revelación de secretos, 16 delitos de corrupción de menores y 16 delitos de abusos sexuales, 12 de ellos de carácter continuado. El acusado fue detenido en 2012 cuando su mujer lo denunció tras haber encontrado uno de los vídeos con contenido pedófilo, un material que fue ampliado al registrar también las dependencias del Samur Social en el que trabajaba en Madrid, y desde entonces se encuentra en prisión provisional.