La Comunidad Energética de Lillo acusa a Promining de chantajear a los vecinos

La Comunidad Energética de Lillo del Bierzo ha emitido un comunicado en el que acusa a la empresa Promining SA de chantajear a los vecinos con los terrenos de la Gran Corta que Victorino Alonso vendió en su día a dicha empresa cuando, señalan, debieron retornar a sus legítimos propietarios tras el cierre de la explotación minera a cielo abierto.

En la nota enviada a los medios, recuerdan que en su momento “bajo presión y amenaza de expropiación, los vecinos de Lillo y Otero se vieron obligados a vender sus terrenos hace ya más de 25 años al empresario Victorino Alonso para la extracción del carbón a cielo abierto de la Gran Corta. Era la época en que el carbón era considerado un producto estratégico nacional y además se presionaba con que había en juego puestos de trabajo, amenazando con cerrar las minas de interior si no se les concedían los terrenos”.

En ese contexto, apuntan, se firmaron acuerdos “en los que se estipulaba una cláusula de reversión, entendida por todos los firmantes como una devolución automática de los terrenos una vez pasados 25 años y restaurados los mismos a su estado original”. Sin embargo, “Victorino Alonso se lo ha vendido a esta empresa que ahora opera para adueñarse ilícitamente de fincas y terrenos de los pueblos con el silencio de las administraciones regionales y la Junta de Castilla y León. Parece que se quieren apropiar de los terrenos inmatriculándolos a su nombre, como hace la iglesia cuando inmatricula a su nombre bienes comunes, y exigiendo a los legítimos dueños que aporten pruebas de su propiedad, que ya las aportaron cuando firmaron los acuerdos hace más de 25 años”.

De este modo, acusan a Promining SA de arrogarse “una nueva potestad: establecer plazos a las administraciones de los ayuntamientos y las juntas vecinales, así como a los vecinos, para que presenten pruebas de que son propietarios de esos bienes que se han autoasignado. Les dan un mes para ello. A Sancedo y Arganza les dieron quince días. Esta empresa particular se arroga así la potestad de chantajear con plazos como si se creyera una administración pública que estableciera periodos para optar a una subvención o a una ayuda”.

Ante esta situación, los vecinos de Lillo del Bierzo y Otero ya presentaron una denuncia al Defensor del Pueblo, que fue admitida a trámite y enviada a la Junta para amparar a los interesados, así como escritos a la propia empresa reclamando su derecho de reversión de la propiedad. Ahora, exigen a la Junta de Castilla y León que “deje de defender los intereses de Victorino Alonso y, antes de darles permiso de ningún tipo para esas explotaciones de macroparques fotovoltaicos, represente realmente a la población amparando los intereses de los vecinos y vecinas de Lillo, Otero, Sancedo, Arganza y las población que próximamente serán objeto de nuevos expolios por parte de estas compañías oportunistas y de sus macroproyectos que expolian el territorio rural y el patrimonio de los pueblos y los vecinos”.