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Comisiones Obreras (CCOO) denunció hoy en Valladolid la situación que padecen las 5.000 trabajadoras del sector de Ayuda a Domicilio en Castilla y León por el incremento de las horas en jornadas más reducidas a raíz de la crisis económica y los recortes de las administraciones públicas a la hora de prestar este servicio recogido en la Ley de la Dependencia. Ante este panorama, el sindicato anuncia que estará “vigilante” con los pliegos de condiciones de los concursos públicos de las entidades locales y presentará alegaciones a los que no cumplan las garantías. Además, la Federación regional de Construcción y Servicios (FSC) de CCOO no descarta la impugnación de los pliegos que establezcan un “sistema encubierto de subasta”, donde solo prima la oferta económica en detrimento de las condiciones técnicas para prestar con calidad un servicio o haya bajas temerarias.
La secretaria regional de FSC, Inma de Pablo, recordó que la Ayuda a Domicilio es un servicio de titularidad y gestión pública que conciertan las entidades locales con las empresas privadas, gracias a la Ley de Contratos del Estado. En la Comunidad, hay 22 contratos que corresponden a cada uno de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y por cada diputación y que dan cobertura a 18.400 dependientes. Unos usuarios que, en función de la evaluación de la Junta, reciben el servicio entre 11 y 55 horas a la semana. El problema radica, según el sindicato, en el precio de la hora recogido en la adjudicación que varía entre los 12,80 y los 16,25 euros, sin IVA.
De Pablo declaró, según la información recogida por la Agencia Ical, que las empleadas del sector han asumido “ajustes importantes” durante la crisis como expedientes de regulación, además de mencionar los esfuerzos de las empresas y la administración. De ahí que considerara que ha llegado el momento de recuperar las horas cedidas y mejorar los criterios de los pliegos de condiciones de los contratos.
La federación sindical también acoge al sector de las trabajadoras del hogar, que cuenta -según CCOO- con 46.000 empleadas en la región, aunque menos de 20.000 están dadas de alta. Inma de Pablo alertó de que la alta tasa de empleo sumergido solo puede reducirse con la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) que recoge el empleo decente para los trabajadores del hogar, al articular normas básicas laborales como la prevención de riegos, el acceso al Fogasa y el derecho a una prestación por desempleo.
Comisiones Obreras ha solicitado a los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León que aprueben por unanimidad una proposición no de ley para instar al Gobierno central la ratificación de ese convenio. El secretario de la FSC estatal, Vicente Sánchez, expresó sus temores que en 2019, momento que estas empleadas cotizarán como el resto de asalariados, haya más trabajadores “en negro” en lugar de haber más altas en la Seguridad Social.
Fondo de reserva para la construcción
Con motivo de la celebración del Consejo Regional de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, Sánchez demandó la aprobación de un fondo de reserva para la construcción para paliar la caída del sector. El objetivo del sindicato es recuperar el empleo de una actividad muy castigada por la recesión lo que a, juicio del responsable nacional, pasa por incrementar el peso de la construcción hasta el 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y centrar la inyección económica en la rehabilitación, la edificación de viviendas sociales en régimen de alquiler y un plan de infraestructuras. Dotaciones relacionadas con la agua (mejora de la acumulación y las canalizaciones), el transporte de mercancías por ferrocarril y las carreteras. La secretaria regional de FSC también abogó por mejorar el ahorro energético en los edificios públicos.
El sindicato ha comprobado un incremento de la ratio de profesionales autónomos frente a los que trabajan en la construcción por cuenta ajena (que ha pasado del 20 al 37 por ciento desde 2007), motivado por las reformas de viviendas entre los particulares. De Pablo advirtió que se trata de un sector con muchas dificultades para encontrar empleo por los problemas de “transversalidad” para que esos trabajadores pasen a otras actividades.