CCOO ha presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Dirección General de Función Pública de la Junta de Castilla y León por la supuesta existencia de graves irregularidades laborales en las Reservas de Caza leonesas de Ancares, Mampodre y Riaño. En el escrito remitido a estos organismos, el sindicato detalla la existencia de prácticas de incumplimiento habitual de las normas sobre condiciones laborales establecidas tanto en el propio convenio colectivo, como en la legislación general, según informó hoy el sindicato en un comunicado.
Estos incumplimientos, que en su mayor parte se refieren a cuestiones de jornada y descansos semanales, señala CCOO, colocan a los trabajadores de las Reservas de Caza en situación de riesgo de accidente laboral y son acompañados además de prácticas de represalia para aquellos que se resisten a las presiones de la Dirección Técnica de las Reservas y exigen el cumplimiento de la legalidad.
A través de la desviación ilegal de funciones de los celadores de Medio Ambiente a personal de contratas, no capacitado técnicamente, la reasignación de tareas, la falta de renovación de material necesario para su labor, la prohibición injustificada de acceso a determinados zonas de las reservas, limitando así su acción y competencias legales, las trabas para el abono de las dietas correspondientes por servicios especiales, la denegación inmotivada de vacaciones o permisos, entre otras conductas, se establece, argumenta el sindicato, un entorno hostil contra los trabajadores que se resisten a ver pisoteados sus derechos y condiciones de trabajo, recogidos en el convenio colectivo y en la normativa vigente.
Se da la circunstancia añaden, de que la presión laboral es especialmente acusada con las trabajadoras, sobre las que existe una situación habitual de acoso y menosprecio por razón de género, expresado muy corrientemente en mensajes denigratorios, soeces e intimidatorios que se envían a los grupo del servidor de mensajería Whatsapp, al que los trabajadores tienen las obligación de estar asociados para la recepción de órdenes e instrucciones de trabajo.
La utilización de personal de la contrata Tragsa, señalan, tiene también una vertiente de favoritismo, utilización de personal sumiso, sin cualificación técnica, que ha llevado a la Junta a una condena en el Juzgado de lo Social número 2 de León por cesión ilegal de trabajadores tras la que no se han tomado medidas, asegura la organización sindical, que reclama una investigación sobre todas esas circunstancias y a tal efecto ya ha registrado los escritos oportunos ante las autoridades competentes.