Facebook
Instagram
YouTube
WhatsApp
V. Silván / ICAL CCOO realizó hoy un balance de la aplicación del nuevo Plan del Carbón en el primer semestre del año que, según señaló su responsable regional de Industria, Gonzalo Díez, enfrenta al sector minero a su “desenlace final” si desde el Ministerio de Industria no lo hace efectivo y tras perder 1.200 empleos en los últimos dos años.
Díez manifestó su preocupación “por lo que se nos avecina” con una minería que viene arrastrando una situación “agónica” desde hace años. “Estamos entrando en el desenlace final”, advirtió el responsable sindical ante la situación de las empresas, todas ellas en liquidación o en concurso de acreedores.
Un final que, apostilló, dependerá, de la aplicación del nuevo Plan del Carbón por parte del Ministerio de Industria, cuyas medidas “todavía tiene que desarrollar”. Así, señaló que al “brutal recorte” que impuso al Plan del Carbón 2006-2012, “del que todavía hay incumplimientos” y denunció los retrasos en el pago de las ayudas a la producción. “Se irán de vacaciones y volveremos en septiembre sin saber nada”, apostilló.
A esta cuestión se suma la negativa de las compañías eléctricas de consumir carbón nacional en las centrales térmicas, apuntó Díez, que recuerda que precisamente el nuevo plan venía a promover que las empresas mineras tuvieran contratos de larga duración con las eléctricas “que no están dispuestas”. Por ello urgió la necesidad de abordar el nuevo sistema que sustituirá a partir del año que viene al real decreto de restricciones por garantía de suministro, cuya vigencia termina el 31 de diciembre. “Lo razonable sería hablar ya del tema y llevará este retraso hasta final de año”, lamentó.
Así, criticó también la actitud del Gobierno autonómico al que solicitó que no realizará “dejación en la demanda” de los fondos Miner pendientes y “atascados” de lanterior plan, que ascienden a 54 millones de euros, máxime con la sentencia a favor del Principado de Asturias “para el abono y reconocimiento de los adelantos que realziaron las administraciones regionales”.
En este sentido, denunció la “pasividad y el desprecio” del Gobierno del PP hacia la minería, al tiempo que criticó la “falta de voluntad política que no se resuelve en una reunión con una pequeña delegación de alcalde mineros”. “En el PP solo hay brindis al sol”, apostilló el secretario regional de Industria.
Cuatro empresas
En cuanto a las empresas, Díez indicó que “la que no esta en concurso esta en liquidación y la que no está a punto”. Así, indicó la situación de Coto Minero Cantábrico (CMC), cuyo principal problema ahora se centra en las concesiones de interior y a parte de servicios, que afecta a un total de 94 trabajadores “todos ellos de León”. “Tememos por este empleo”, indicó el responsable regional, que espera que “no se enturbie” la compra de la minera. “Necesitamos y queremos que se siga manteniendo, pero en mejores condiciones”, apostilló.
En cuanto a Uminsa, destacó que está a punto de salir del concurso una vez iniciado el proceso del convenio de acreedores, “que podría estar fechado para finales de septiembre u octubre”. Así, manifestó su confianza para que “ todos estos procesos conlleven un desarrollo de la actividad, con el mantenimiento e, incluso, crecimiento en el empleo”.
Distinta es la situación de Alto Bierzo, la empresa perteneciente al grupo Viloria, cuyo principal problema es la falta de prestaciones de muchos de sus trabajadores, por lo que han instado al administrador concursales a que ponga en marcha un sistema de rotación para que los que aún dispongan prestaciones “se queden en casa” y los que ya las han agotado “se encargue de sacar el carbón necesario para enviar a las térmicas”.
En cuanto a la Hullera Vasco Leonesa, Diéz señaló que la plantilla propia “se incorporará en breve” y apostilló que la principal dificultad está en el suministro a la térmica de La Robla, que tiene entre sus propietarios a Gas Natural, que se niega a comprar carbón a la empresa hasta el 2016 por “una política planificada del lobby eléctrico”. Asimismo, apuntó a la situación de la contrata de interior Minerplan y advirtió de buscarán la recolocación de esos 65 trabajadores, cuyo puesto de trabajo está en riesgo. “El Ministerio debe tomar cartas en el asunto”, añadió Díez, que también ha dado traslado de su preocupación a la Junta y ha solicitado un reunión con la dirección de la Hullera.