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CB presenta tres mociones para pedir que los juzgados de Ponferrada sigan asumiendo los casos de las cláusulas suelo

Las iniciativas se debatirán en los plenos del Ayuntamiento de Ponferrada, del Consejo Comarcal y de la Diputación de León

Coalición por el Bierzo (CB) presentó hoy tres mociones en el Ayuntamiento de Ponferrada, en la Diputación de León y en el Consejo Comarcal del Bierzo para conseguir que los plenos de estas instituciones se dirijan formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instándole a que dé marcha atrás en su decisión de “marginar al Bierzo en beneficio de León”, al no designar a ninguno de los juzgados de primera instancia de la capital berciana como órgano especializado apto para conocer sobre los asuntos relativos a cláusulas abusivas de las hipotecas.

En ese sentido, los bercianistas advirtieron que la designación “de forma exclusiva” del juzgado de primera instancia número 7 de León como única institución en que se juzgarán los asuntos relacionados con cláusulas hipotecarias producirá “gravísimos perjuicios” a los hipotecados bercianos. En esa línea, auguraron que las dificultades también salpicarán a los profesionales del derecho y a “la economía general de la comarca”.

Además, alertaron que la situación provocará “el más que previsible colapso del número 7 de León”, lo que a su vez se traducirá en que “las causas acumulen grandes retrasos y que muchos afectados decidan desistir en la defensa de sus legítimos derechos”.

Al respecto, señalaron que los “claros beneficiados” serán los bancos, que, por otro lado, “no tendrán los mismos inconvenientes a la hora de instar las ejecuciones hipotecarias, pues éstas no se han centralizado y seguirán pudiendo solicitarse en el propio Partido Judicial de Ponferrada”, denunciaron.

Con la presentación de estas mociones, CB se suma a las medidas de presión adoptadas por la delegación berciana del Colegio de Abogados de León, que ya mostró su rechazo a la medida. En ese sentido, los bercianistas, que ya calificaron la iniciativa de “cacicada”, lamentaron una decisión que tacharon de “injusta y rayana en la prevaricación” y criticaron que el CGPJ la haya adoptado “de forma incomprensible y arbitraria”.