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La Junta de Castilla y León iniciará en enero la vacunación contra el COVID-19 con la administración de las primeras dosis a unas 47.800 personas de centros de mayores y sociosanitarios, así como a 98.000 trabajadores sanitarios de primera línea y trabajadores de estas instituciones. Esta primera fase se extenderá hasta marzo, por lo que las vacunas sobrantes serán para el siguiente grupo, el de mayores de 80 años.
La directora general de Salud Pública, Carmen Pachecho, acompañada por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, informaron de la evolución de la pandemia del coronavirus, así como de la estrategia de inmunización frente al COVID-19, que según ambas es un proceso “muy complejo”, dadas las condiciones de almacenaje, distribución y conservación que requieren los diferentes tipos de vacunas.
La Comunidad, según las previsiones de la Consejería de Sanidad, contará con 300.000 dosis de la vacuna de Pfizer, por ser la más avanzada, que requiere una congelación a menos 80 grados centígrados y la administración de dos dosis. Por ello, prevén disponer de algunas dosis de sobra respecto de las necesarias en la primera fase, por lo que se beneficiarán de ellas los mayores de 80 años.
Igualmente, la Junta ha determinado que entre enero y marzo la vacunación se lleve a cabo en los centros residenciales de mayores y sociosanitarios, debido a que es donde residen las personas seleccionadas, así como en los centros sanitarios en el caso de los profesionales. En las siguientes etapas, “a lo mejor” se eligen puntos diferentes a las instalaciones sanitarias.
Al respecto, la consejera de Sanidad puso de manifiesto las dificultades para la vacunación en un territorio con la población dispersa como Castilla y León, pero recalcó el compromiso de llegar “a todos los puntos” y “todas las personas” a través de los centros de salud, e incluso, con traslados a los consultorios médicos del medio rural, que recalcó no están cerrados.
Para ello, Verónica Casado señaló que se ha creado un grupo dentro de la Consejería de Sanidad, que implica el trabajo de todas las direcciones generales de forma transversal, para hacer la planificación y el cronograma de la vacunación, a partir del acuerdo que se adopte en España, por el conjunto de las comunidades y el Gobierno, y siguiendo las directrices de la estrategia de la Unión Europea.
De esta forma, la consejera señaló que la vacunación dependerá del tipo de producto que se reciba, puesto que recordó no todas requieren una conservación estricta. En el caso de la Pfizer se plantean tres alternativas, la congelación a menos 80 grados, la refrigeración a entre dos y ocho grados, o la conservación en las unidades que está diseñando el propio laboratorio, que ofrecen una caducidad de una semana.
Además a esta complejidad se les une el volumen mínimo de distribución, que podría ser de 1.000 dosis, por lo que Sanidad ve complicado ofrecerlas como la gripe desde todos los centros de salud. Por ello, está estudiando los puntos de vacunación más adecuados, dentro de un procedimiento logístico “muy complejo”, que además requiere la información y formación del personal sanitario, para que se administre de la forma adecuada.
También la Junta espera tener a mediados de diciembre el registro de vacunación interoperable con todo el país (REGVACU), puesto que esto permitirá conocer la eficacia y si se dan efectos adversos de las vacunas. Todo ello, permitirá la evaluación de las vacunas, pero también será necesario que el Sistema de Farmacovigilancia intervenga para conocer dónde y cuándo fue vacunado la persona afectada.
Finalmente, la Junta, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las comunidades, buscan que la cobertura de la vacunación llegue al objetivo del 70 por ciento, puesto que prevé recibir hasta siete tipos de vacunas, de los 250 proyectos mundiales existentes. Además, la consejera y la directora de Salud Pública recalcaron que la población debe conocer que las que lleguen serán “de calidad”, “seguras” y “efectivas”, a pesar de que se hayan agilizado los trámites de validación.