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El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, explicó este jueves que Castilla y León recomendará al Gobierno que no se reabra la actividad a partir del próximo lunes y que se mantenga el confinamiento. “A día de hoy, no es el momento”, sentenció para abordar la desescalada, que exigió se haga de forma segmentada por edades y áreas geográficas
En su comparecencia telemática, junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, Igea reclamó la convocatoria urgente del comité de expertos de las comunidades autónomas para poder plantear desde el conocimiento del territorio y la situación de la infección de coronavirus las medidas a tomar en las próximas semanas.
“No es el momento de hablar de esto”, reiteró Francisco Igea en varias ocasiones y de forma enfática después de que ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, deslizara la posibilidad de retomar la normalidad a partir del 26 de abril, lo que fue matizado por el Ejecutivo central. Además, sobre la prorroga del estado de alarma a partir de esa fecha indicó que se tendrá que analizar puesto que todavía faltan dos semanas.
El portavoz de la Junta advirtió a Sanidad que ni siquiera se ha llegado a la “meseta”, ni a la “parte más alta” de la epidemia, por lo que insistió es “precipitado” hablar ya del final del confinamiento y la salida a las calles, que apuntó deberá ser “gradual”, aunque reconoció que se están reduciendo el número de nuevos casos y el balance entre ingresos y altas es positivo en los hospitales.
Por ello, Igea señaló que recomendará al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que se mantenga la situación actual de cuarentena social y, sobre la vuelta al trabajo del próximo lunes, al finalizar el permiso retribuido recuperable, señaló que solo deberían hacerlo quienes dispongan de mascarillas, guantes, soluciones de gel hidroalcohólico, medidores de temperatura y protocolos para saber qué hacer ante un casos sospechoso de coronavirus.
Además, el portavoz de la Junta consideró que se debería aplicar también una segmentación poblacional, de forma que los mayores de 55 años, por acumular el 85 por ciento de los ingresos en unidades de críticos y el 98 por ciento de las muertes, se tendrían que quedar en casa. De igual forma se refirió a las personas inmunodeprimidas, diabéticas o con patologías de base. “Hay 100.000 o 200.000 personas que no deberían volver a trabajar sin medidas de protección y segmentación”, dijo.
Por ello, Igea insistió en la necesidad de que la vuelta a las calles y la vida normal se haga con “seguridad” para evitar un rebrote de la enfermedad. Remarcó que una relajación de las medidas impuestas sobre la movilidad podría originar en diez o 15 días una “catástrofe”, dada la situación del sistema de salud. Además avanzó la configura en al Comunidad un comité de expertos, con representantes de salud pública, atención hospitalaria y Primaria, economía y transparencia.
Propuestas
El vicepresidente y portavoz de la Junta, seleccionado como representante de la Comunidad en el comité de expertos para la ‘desescalada’, expuso como propuestas la necesidad de hacer ‘testeos’ masivos antes de reducir las limitaciones impuestas, lo que requiere una capacidad que en su opinión “no existe” en este momento. También pidió distinguir a los grupos inmunizados ya mediante la expedición de carnés, como ha anunciado la Junta.
Igea defendió esta medida y ante las acusaciones de que sea una “ocurrencia”, señaló que al menos es “antigua”, como los carnés de vacunación. También recordó que otros países como Singapur o Alemania los han implantado, por lo que defendió que España lo haga para permitir la movilidad de estos grupos de personas, libres de la enfermedad.
También reclamó mejorar la trazabilidad de los contactos mediante el uso de aplicaciones móviles, basadas en la geolocalización, de forma que permita conocer si una persona ha estado cerca de un positivo de coronavirus. Además, señaló que ya existen desarrollos de universidades españolas, que el Ejecutivo autonómico está estudiando.
Otra de las medidas de Castilla y León es la segmentación territorial, para evitar que todos los lugares afronten al mismo tiempo la ‘desescalada’, por lo que abogó por un “levantamiento” zona a zona. Como ejemplo citó los resultados del confinamiento adoptado en Burgos y en Miranda de Ebro al inicio de la epidemia, por lo que consideró necesaria la intervención de las comunidades, frente a la “lentitud” y desconocimiento del Gobierno central.
Además avanzó que se ha dado la orden de que se elaboren mapas por zonas de salud con incrementos para detectar brotes nuevos, que se hagan controles “estrictos” en carreteras y medios de transporte para no repetir “errores”. También consideró que no se debería reabrir la actividad si no se ha testeado a todos las personas sospechas y se facilitan equipos de protección.
En el escenario de la ‘desescalada’, Igea defendió que no autorice hasta que no se tenga material acumulado para ocho semanas y, al menos, una después de que no se hayan tenido nuevos casos en la provincia. También planteó que no se reabran los colegios hasta que pasen dos semanas sin nuevos positivos y que se mantengan los régimenes de visitas a los centros sociosanitarios y residenciales.