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Juan López Castilla y León cumple en estos momentos con los compromisos internacionales del Protocolo de Kyoto con una reducción de casi el 20 por ciento respecto a las emisiones del año 1990, incluyendo el sector difuso (transporte, residencial, agricultura, etc.) así como del industrial, que participa en el régimen del comercio de derechos de emisión. Es más, en el ámbito nacional, los resultados de la Comunidad contribuyen a la baja a pesar de ser un territorio netamente exportador de energía eléctrica y con grandes focos emisores.
Justo cuando se cumplen diez años de la firma del acuerdo, ratificado en febrero de 2005 por 187 estados, Castilla y León se encuentra en un óptima posición para alcanzar los objetivos en el horizonte 2020, sobre el que los estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a motivar un descenso de los gases de efecto invernadero del 20 por ciento respecto del año baso 1990. Para ese 2020, se establecen unos compromisos nacionales, siendo para España una reducción del 10 por ciento sobre las emisiones del 2005 del sector difuso, con lo que la Comunidad se sitúa en diez puntos por debajo del reto.
Según fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente consultadas por Ical, se observa una tendencia a la baja en el sector difuso, desde las 24.796 kt (emisiones de CO2) de 2005 a las 20.426 de 2012 -último años del que existen datos-. Otras 14.000 kt, aproximadamente, se corresponden con el sector industrial, que en Castilla y León se refiere principalmente a las empresas de generación eléctrica, cemento, vidrio y papel cerámicas,
En la UE, Kyoto se implementó por medio de una directiva que creó un comercio de derechos de emisión, incluyendo y separando determinadas instalaciones industriales, las de mayor potencial emisor, las cuales tienen determinados compromisos de reducción.
De acuerdo a esta directiva, la Junta concedió las correspondientes autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones afectadas. Hasta 2014, se han desarrollado dos periodos de comercio 2005-2007, 2008-2012, y en la actualidad 2013-2020. En la primera etapa se otorgaron 77, en la segunda, un total de 79, y en el 2013, 60. “Este descenso se debe fundamentalmente a que determinadas instalaciones, de acuerdo con las normas de este periodo, pueden ser excluidas del sistema del comercio de derechos de emisión donde entran todas las autorizadas”, recalcaron a Ical desde la Administración autonómica, que matizan que estas concesiones se repiten porque es necesario renovarlas para cada periodo.
136 millones de toneladas de CO2
El Gobierno regional ha tramitado también todas las solicitudes de asignación gratuita de derechos de emisión de esas instalaciones. Conforme a esta directiva, también ha sido necesario establecer los sistemas para la validación de los informes anuales de emisión que se reciben, así como su inscripción en el Registro de la Unión Europea de Derechos de Emisión. Desde 2005, año en el que se empezaron a recibir estos informes anuales, se han validado en total 136 millones de toneladas de CO2.
Actualmente, Castilla y León cuenta con 59 instalaciones incluidas en el comercio de derechos de emisión, las cuales disponen de una cantidad de derechos para emitir a la atmósfera y, en el caso de que algún año se excedan de lo asignado, deben adquirir los derechos necesarios -hasta alcanzar la cantidad requerida- en el mercado internacional por medio de operaciones comerciales de compra*-venta de derechos.
Estrategia Regional de Cambio Climático
Para la reducción de las emisiones, en Castilla y León se aprobó en 2009 la Estrategia Regional de Cambio Climático hasta 2020, que incluye más de un centenar de medidas destinadas a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en los sectores difusos con objeto de lograr un desarrollo más sostenible, contribuyendo no sólo a controlar las emisiones “sino también a mejorar la calidad del aire, reducir la exposición a niveles excesivos de ruido, preservar los ecosistemas forestales y agrícolas, así como reducir los impactos asociados a la generación y gestión de residuos”.
Cada consejería propuso acciones concretas de desarrollo que implicaban una reducción de las emisiones directas o indirectas de gases de efecto invernadero. Estas iniciativas se situaron sobre la mesa pero “los recortes presupuestarios han impedido el desarrollo de algunas de las medidas que implicaban un gasto”.
No obstante, otras significativas se desarrollaron, entre las que destacan el Plan Regional de Ámbito Sectorial de la Bioenergía de Castilla y León; la Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico 2011-2015; el Programa de Movilización de los Recursos Forestales en Castilla y León 2014-2022, “de gran importancia por la capacidad de absorción de gases”; promoción del cambio de calderas en edificios públicos para que utilicen como combustible biomasa forestal, así como en calderas de distrito de uso privado.