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Castilla y León recibirá 15,4 millones de euros del Gobierno para impulsar políticas de conciliación

Se trata de la quinta comunidad que más fondos recibe con el 8,1% del total de 190 millones, pendientes de aprobación de la Conferencia Sectorial de Igualdad
Familia. / Pixabay
Familia. / Pixabay

La comunidad autónoma de Castilla y León recibirá un total de 15,4 millones de euros del Gobierno de España para la puesta en marcha de políticas de conciliación familiar y para la puesta en valor del trabajo de cuidados a través del Plan Corresponsables. La cantidad supone el 8,1 por ciento de los 190 millones que el Consejo de Ministros aprobó hoy distribuir entre las comunidades autónomas del país para el impulso del as políticas de conciliación.

La transferencia de 190 millones, cuya distribución territorial se someterá a la Conferencia Sectorial de Igualdad para su aprobación definitiva, financiará proyectos promovidos a través de los órganos competentes en materia de igualdad de los distintos territorios.

Por encima de Castilla y León en recepción de fondos para este fin se encuentran Andalucía (31,6 millones de euros), Cataluña (25,7 millones), la Comunidad de Madrid (21,9 millones) y la Comunidad Valenciana (16,4 millones), mientras que por debajo se sitúan Castilla-La Mancha (14,6 millones), Aragón (10,5 millones), Extremadura (9,6 millones), Canarias (9,5 millones), Galicia (9,3 millones), Murcia (6,5 millones), Baleares (5 millones), Asturias (4,1 millones), La Rioja (3 millones), Cantabria (2,9 millones) y Ceuta y Melilla (1,7 millones cada una).

El Plan Corresponsables comenzó en 2021, en colaboración con las comunidades y Ceuta y Melilla, para crear una red pública de cuidados y desarrollar actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijos de hasta 16 años mediante la creación de bolsas de cuidado profesional, la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados, la elaboración de planes de formación en corresponsabilidad y cuidados destinados a los hombres y, cuando el desarrollo normativo estatal lo permita, la puesta en marcha de un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional o vías no formales.