Castilla y León impulsa un Pacto Social de las Familias con 56 medidas para avanzar hacia una sociedad más inclusiva

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y representantes de 45 entidades del Tercer Sector firmaron este martes el Pacto Social de las Familias de Castilla y León, un compromiso que busca construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. Este acuerdo contempla 56 medidas orientadas a reforzar áreas clave como la educación, el empleo, la vivienda y los servicios sociales, especialmente para las personas más vulnerables.

El pacto, fruto del diálogo y colaboración entre el Gobierno autonómico y las asociaciones sociales, fue presentado como una herramienta para proteger a las familias y a quienes se enfrentan a situaciones de crisis sobrevenidas. “Es un punto de partida para garantizar que nadie quede atrás”, afirmó Fernández Mañueco durante el acto de firma, celebrado en Valladolid, donde también destacó que este acuerdo cumple con uno de los compromisos asumidos en el pasado debate del estado de la Comunidad.

Respuesta a las desigualdades sociales

Óscar Castro, presidente de EAPN Castilla y León y portavoz de las entidades firmantes, subrayó la importancia del pacto ante los desafíos actuales, como el aumento de las desigualdades tras la pandemia, la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación, el acceso a la vivienda y las consecuencias del cambio climático. Según Castro, estos problemas afectan de manera especial a las personas más vulnerables, con un 22% de la población de la Comunidad en riesgo de pobreza, cifra que asciende al 26% en el ámbito rural.

“El pacto es un ejemplo de cómo convertir la necesidad en acción”, señaló Castro, quien además destacó la labor de las entidades sociales como “el corazón” del Tercer Sector, instando a mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de los servicios sociales y a combatir los discursos de odio que refuerzan estigmas hacia los colectivos vulnerables.

Medidas clave del pacto

Entre las medidas más destacadas, Fernández Mañueco anunció la implantación este año de la Historia Social Única, una herramienta que permitirá mejorar la eficacia del sistema de protección social de Castilla y León. Además, se trabajará en un nuevo modelo de renta garantizada de ciudadanía, vinculando la ayuda a la búsqueda activa de empleo y a la escolarización para combatir el absentismo escolar.

En el ámbito de la vivienda, se impulsarán ayudas al alquiler con un enfoque progresivo, garantizando mayor apoyo a las familias con rentas más bajas. También se incrementarán las plazas de alojamiento para personas vulnerables, se agilizará el pago del bono social térmico y se facilitará la adaptación de viviendas para personas con movilidad reducida. Las actuaciones tendrán un enfoque especial en el medio rural, promoviendo la rehabilitación y la bonificación del alquiler para jóvenes en los municipios.

En materia educativa, se consolidará la educación gratuita de 0 a 3 años, así como las becas, ayudas al estudio y la gratuidad total de servicios como comedores escolares, madrugadores y libros de texto. Además, se reforzarán medidas contra el absentismo escolar con programas específicos de apoyo educativo.

El empleo también ocupa un lugar central en el pacto, con el incremento de itinerarios personalizados de inserción laboral y la puesta en marcha de un servicio específico para jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia. La Junta apostará por la colaboración entre servicios educativos, sociales y el Tercer Sector, además de fomentar políticas activas de empleo tanto en empresas ordinarias como de inserción.

Compromiso con las familias y los más vulnerables

El presidente de la Junta calificó este pacto como un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el Tercer Sector, al que definió como un “aliado” esencial para conocer y atender las necesidades de las personas. “Estamos a vuestro lado. Siempre os hemos apoyado para que nadie quede atrás”, afirmó Fernández Mañueco, recordando que este acuerdo es un compromiso para mejorar la vida de las personas más desfavorecidas y garantizar una red de protección social robusta.

Por su parte, Castro insistió en que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores retos para garantizar la igualdad de oportunidades, mientras que la crisis económica y social ha puesto a prueba los sistemas de atención existentes.

La firma del pacto contó con la presencia de la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; las consejeras de Educación, Rocío Lucas, y de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. También acudieron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entre otras autoridades.