El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, presidió este lunes la Comisión de Asistencia en materia de vialidad invernal, celebrada en el Centro de Conservación de Carreteras de León. Durante la reunión, se presentó el Protocolo de Vialidad Invernal 2024-2025, un plan diseñado para coordinar los recursos estatales y garantizar la seguridad en las carreteras de la comunidad ante las nevadas y condiciones meteorológicas adversas.
En su intervención, Sen destacó que las nevadas representan el mayor desafío para la circulación durante el invierno, subrayando la importancia de este protocolo para asegurar una respuesta rápida y eficaz. “La seguridad y la movilidad en nuestras carreteras son una prioridad, y este plan es fundamental para prevenir y minimizar los riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas”, afirmó.
Un despliegue integral en una región extensa
Castilla y León, con más de 94.000 kilómetros cuadrados y una red de 5.600 kilómetros de carreteras —de las cuales 2.400 son autovías y autopistas—, se enfrenta cada invierno a desafíos significativos. Para ello, el operativo contará con unos 3.000 profesionales del Estado y el apoyo de los 7.000 guardias civiles y 3.000 agentes de la Policía Nacional desplegados en la región. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en León, dispone de un contingente inicial de 500 efectivos del Quinto Batallón, que pueden ser reforzados por hasta 3.000 miembros adicionales si las condiciones lo requieren.
El plan incluye un total de 335 quitanieves de empuje, 12 quitanieves dinámicas y 158 distribuidoras de salmuera. La maquinaria estará distribuida por provincias, con los mayores contingentes en Burgos (73 unidades) y León (49 unidades), mientras que Ávila contará con 14, Palencia con 23, Salamanca con 29, Segovia con 34, Soria con 48, y Valladolid y Zamora con 33 cada una.
Tres fases para una respuesta escalonada
El protocolo se articula en tres fases para adaptar la respuesta según la gravedad de las condiciones meteorológicas. La fase de alerta se activa ante avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de nivel rojo o naranja, o de nivel amarillo que afecte a poblaciones de más de 20.000 habitantes. En esta fase, se movilizan los quitanieves y se despliega la Guardia Civil de Tráfico para asegurar las vías.
La fase de preemergencia entra en vigor cuando la acumulación de nieve o hielo amenaza seriamente la circulación. Durante esta etapa, se activa el Comité Ejecutivo de forma permanente y, si es necesario, se solicita la intervención de la UME. Además, se implementan restricciones de tráfico coordinadas con la Dirección General de Tráfico (DGT) para proteger a los conductores.
La fase de emergencia se declara cuando las condiciones requieren asistencia directa a personas bloqueadas en sus vehículos. En estos casos, el Comité Ejecutivo se reúne de inmediato para coordinar los esfuerzos de rescate, incluyendo evacuaciones y provisión de refugio temporal si fuera necesario.
Coordinación entre administraciones
Nicanor Sen destacó la importancia de la colaboración estrecha con la Junta de Castilla y León, los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales, así como con las comunidades autónomas vecinas. “Este es un esfuerzo conjunto en el que todos sumamos para garantizar la seguridad vial de nuestros ciudadanos”, afirmó el delegado, subrayando la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como un elemento clave para la eficacia del plan.
Con la llegada del invierno, la activación de este protocolo busca reducir al mínimo los riesgos en las carreteras de Castilla y León, garantizando una respuesta rápida y coordinada ante las inclemencias del tiempo.