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La Policía Nacional ha detenido a 37 personas y ha desarticulado una red que había conseguido introducir 730 ciudadanos de Vietnam en España para su posterior explotación en centros de manicura. La organización tenía su principal infraestructura en Barcelona aunque las detenciones se han producido en numerosas provincias españolas como Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, San Sebastián, Gerona, Lérida, Tarragona, León, Huelva, Córdoba y Barcelona.
El método utilizado por la organización para lograr su objetivo era el uso fraudulento de los procedimientos de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados (Menas), que iniciaban en puestos fronterizos aéreos como el aeropuerto de Madrid- Barajas y el Prat de Barcelona. La red tenía un claro fin lucrativo, y cobraba 18.000 euros por persona y había alcanzado desde enero de 2018 una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros.
Las investigaciones se iniciaron por los agentes a principios de este año, tras el aumento de solicitantes de Protección Internacional y del protocolo para Menas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En ambos casos, los ciudadanos vietnamitas hacían uso fraudulentos de esas figuras. Tras la solicitud inicial en ningún caso continuaban con el expediente administrativo sino que lo que buscaban era facilitar su acceso a territorio Schengen. Para este fin, los inmigrantes viajaban desde su país de origen hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en España y, una vez en el aeropuerto, solicitaban protección internacional o alegaban ser menores no acompañados.
Esta forma de proceder por parte de la organización demuestra el profundo conocimiento de la legislación, de manera que instruían perfectamente a sus víctimas sobre todos los pasos que tenían que seguir en cuanto a rutas por los países intermedios, tránsito ficticio en España y alegaciones en los trámites que realizaban. Cuando obtenían el acceso al territorio nacional si solicitaban protección internacional rechazaban el aprovechamiento de los recursos asistenciales y si era iniciado el protocolo para Menas se fugaban de los centros de menores en los que eran ingresados para luego, en ambas situaciones, trasladarse en transporte público, normalmente en taxi hasta Barcelona, donde la organización tenía su infraestructura principal.
La organización formaba grupos de seis a 12 personas y cada uno contaba en cada ocasión con un líder o guía que realizaba todo el trayecto con ellos, el cual hablaba inglés para posibilitar una mínima comunicación en los países de tránsito y aeropuertos. Destaca el alto grado de profesionalidad y especialización de esta organización que facilitaba a cada inmigrante un teléfono móvil del mismo color y modelo para que contactaran a su llegada con alguno de los miembros de la organización a fin de indicarles dónde dirigirse.
La organización cobraba a los inmigrantes 18.000 euros por persona y perseguía un fin eminentemente lucrativo. Poseían diferentes métodos de pago, desde un pago en origen en efectivo para evitar el rastreo del dinero, o bien la generación de deudas a abonar mediante trabajo sin remunerar en Europa o incluso la cesión de tierras y propiedades en su país de origen por los importes adeudados. Desde enero de 2018 la red habría alcanzado una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros.
La organización poseía una infraestructura en Vietnam para la captación, la organización del viaje, la gestión de pagos y beneficios, pero también en diferentes países sudamericanos, para la recepción y acogimiento durante varios días a fin de simular una estancia por turismo y en España, lugar de recepción, explotación y derivación a diferentes provincias y otros países europeos como Francia y Alemania.
Entre los arrestados destaca la detención de un funcionario de la Oficina Única de Extranjeros de Huelva, que aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos por la legislación para la consecución fraudulenta de una autorización de residencia y trabajo por arraigo social. Además de las detenciones, se han llevado a cabo diez entradas y registros en Barcelona, así como más de 100 inspecciones en centros de manicura regentados por ciudadanos vietnamitas en toda España. En ellos se ha intervenido 60.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, dispositivos de almacenamiento masivo de información y diversa documentación.
Los investigadores han destacado el trato humillante a las víctimas por las condiciones de su alojamiento en las viviendas de la organización. Los mantenían encerrados en pisos, a veces en zulos a los que se accedía a través de una trampilla, también es reseñable las condiciones laborales padecidas, siendo trasladados diariamente desde los centros de trabajo hasta los domicilios con jornadas laborales de 12 horas y sin libertad de movimiento.