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El portavoz del PP en Cacabelos, Adolfo Canedo, ha salido este viernes al paso de las acusaciones y de la petición de que sea cesado, realizada por el equipo de gobierno del tripartito. Canedo destaca que “lo que ha hecho el equipo de gobierno es filtrar el informe de la Fiscalía para desprestigiar mi persona”.
En dicho informe, se piden cinco años de cárcel para él por presunta falsificación documental cuando era alcalde de la villa, en un proceso del que Canedo pone de relieve que “ni siquiera se ha abierto juicio oral”, por lo que todavía podría ser sobreseído. “La Fiscalía pide una cosa, y mis abogados todo lo contrario. Así que primero habrá que ver si hay juicio oral, y si lo hay, habrá que esperar a la sentencia”, indicó este viernes en rueda de prensa, aludiendo a la presunción de inocencia de todo acusado.
Asimismo, recuerda que el proceso gira en torno a una certificación que él mantiene que no elaboró y sobre la que niega haber dado “instrucciones de cómo se tenía que hacer”. “Mi participación fue firmar la certificación dándole el visto bueno, lo que era imprescindible para que saliera del Ayuntamiento”, indica, al tiempo que desmiente haber desviado su responsabilidad, según mantiene el equipo de gobierno, a la funcionaria que redactó la certificación. “Si mantengo que no hubo falsificación, ¿cómo voy a desviar mi responsabilidad a la funcionaria?, todo lo contrario”, apostilló.
Canedo basa su defensa en el ROF
Canedo basa su defensa en los artículos 205 y 206 del ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales). El artículo 205 sostiene que “las certificaciones se expedirán por orden del Presidente de la Corporación y con su “visto bueno”, para significar que el Secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica”. El 206, mantiene que “podrán expedirse certificaciones de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales, antes de ser aprobadas las actas que los contengan, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente”.
En cuanto a las declaraciones del actual alcalde de Cacabelos, el socialista Sergio Álvarez, que este jueves afirmó que le ha dejado de considerar interlocutor válido, replica que Álvarez “nunca ha mantenido ninguna interlocución” ni con él ni con el PP, “negándose desde el primer momento a dialogar” con su grupo municipal, y, no solo eso, sino negándoles el acceso a numerosa documentación, “despreciando” de esta manera “a una parte importante de los ciudadanos de Cacabelos que votaron al PP”.
En este sentido, reveló que el alcalde de Cacabelos y sus concejales, incluidos los portavoces de IU, Susana Vila, y Alternativa Ciudadana, Alfredo García, están inmersos en conjunto en un total de 14 procedimientos judiciales, “que sepamos, pues algunos en los que los denunciantes son vecinos están bajo llave en un cajón y no informan al pleno como establece la ley”. Buena parte de estos 14 procesos derivan de la negativa de dar acceso al PP a información municipal, según Canedo. “Sergio Álvarez es un delincuente vulnerador de los derechos fundamentales”, apostilló.
Petición de 13 años de inhabilitación para Sergio Álvarez
Además, el portavoz del PP recordó que Sergio Álvarez se enfrenta a 13 años de inhabilitación en un proceso del que ya se ha decretado juicio oral el pasado mes de abril. “Yo reconozco su presunción de inocencia pero él pide mi cese sin que en mi caso haya ni siquiera juicio oral…”, lamentó, contraponiendo ambas situaciones legales. La Fiscalía pide la inhabilitación de Álvarez “por no haber permitido entrar al trabajo al interventor municipal, y mantener en su lugar a una funcionaria interina”, según Canedo. Con relación a los problemas derivados de la destitución del interventor, el popular informó que existe una sentencia que anula que los acuerdos adoptados durante el periodo en el que el Ayuntamiento ha funcionado sin el interventor titular pasen a ser nulos, “algo que Álvarez ya ha dicho que no cumplirá por los daños que provocaría al municipio…”.
Por todo ello, y en respuesta a los periodistas, Canedo destacó que no tiene intención de dimitir porque no es consciente de haber cometido ningún delito, y que sigue, “como siempre”, a disposición de su partido.
Respuesta del PSOE
Tras la rueda de prensa de Canedo, la agrupación local del PSOE acusó al exalcalde en un comunicado de “mentir, confundir y desviar la atención” sobre este tema, al equiparar la acusación contra él y la que el fiscal solicita para el actual regidor. Según los socialistas, “una cosa es defender a los trabajadores municipales y otra cosa es perjudicarlos, como es el caso de las dos trabajadoras inmersas en el procedimiento penal”.
En la misma línea, el secretario autonómico del partido, Luis Tudanca, que hoy visitó la comarca del Bierzo y recorrió Las Médulas, el Patrimonio de la Humanidad, valoró la petición del fiscal como “un hecho suficientemente grave para que el PP tome medidas y cese inmediatamente a ese cargo público”. “No es un asunto menor y creo que debería asumir responsabilidades”, afirmó Tudanca, que consideró que “la pelota está en el tejado del PP”.
Alumbrado público
Sobre las acusaciones del concejal de Urbanismo, Alfredo García, que ayer sostuvo que el contrato del alumbrado público municipal, que dobló su precio tras la última renovación, está denunciado y pendiente de sentencia judicial por considerarse “perjudicial” para los intereses del Ayuntamiento, Canedo no quiso pronunciarse en un asunto en el “no tengo parte” -manifestó-. Eso sí, calificó las declaraciones de “atrevidas, por no decir otra cosa” -García manifestó que el documento es “similar a otros contratos en otros ayuntamientos que están investigados en la trama Púnica”-, señalando que cuando se realizan tan graves acusaciones hay que “demostrarlas” o arriesgarse a posibles consecuencias.