El Ayuntamiento de Cacabelos ha vuelto a superar su propio récord de demora en el pago a proveedores, pasando de diez meses a un año completo (365,6 días), según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y recogidos por BierzoDiario. Cabañas Raras se suma a la lista de municipios con mayores retrasos, con una media de 149,4 días, lo que equivale a casi medio año.
Con estas cifras, Cacabelos se posiciona como el cuarto ayuntamiento con mayor demora en Castilla y León y el número 34 a nivel nacional.
Además, el número de entidades locales de la comarca que superan el límite legal de 30 días para el pago a proveedores ha aumentado de cinco en el tercer trimestre de 2024 a seis en el cuarto. A punto de unirse a esta lista se encuentra Palacios del Sil, que registra un retraso de 29,9 días, la misma cifra que en el informe anterior del ministerio. Los municipios que ya superan el límite son Cacabelos, Cabañas Raras, Sancedo (35,3 días), Noceda (33,7), Fabero (32) y Benuza (30,2).
En el lado opuesto, Ponferrada se mantiene con un plazo de pago de 19,7 días, mientras que el Consejo Comarcal destaca por su rapidez, con solo 1,9 días de media. Seis entidades locales tienen tiempos de pago de entre 5 y 10 días, y otras nueve se sitúan por debajo de los cinco días. Carracedelo, Carucedo y Folgoso destacan con un tiempo de espera de cero días.
Por otro lado, en el informe del Ministerio de Hacienda no figuran datos de una decena de ayuntamientos bercianos: Arganza, Barjas, Igüeña, Molinaseca, Oencia, Peranzanes, Sobrado, Torre del Bierzo, Trabadelo y Valle de Ancares. La falta de información puede deberse a que estos municipios no la han remitido o a que no consta en los registros del ministerio, a pesar de que la normativa obliga a todas las entidades locales a hacerlo.
Según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las administraciones que no cumplan con la rendición de cuentas podrán recibir un requerimiento formal para regularizar su situación. Si persisten en el incumplimiento, Hacienda podrá hacer pública la infracción y aplicar medidas correctivas automáticas.
