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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, confió este lunes en aprobar “más pronto que tarde” el Acuerdo Marco de Servicios Sociales con las 24 corporaciones locales que representan a las nueve diputaciones provinciales y a todos los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes. Al respecto, subrayó que el nuevo documento, que regula la financiación que transfiere la Junta a las corporaciones locales y a las que hoy se presentó a las partes en un encuentro celebrado en Valladolid, garantizará un mínimo de 112 millones anuales, que es la financiación con la que ha contado este ejercicio, y tendrá una vigencia de cuatro años para facilitar la estabilidad.
“De esta manera tenemos un volumen económico asegurado, pese a tener el presupuesto de la Junta prorrogado. Así ya existe un suelo”, justificó Blanco, quien señaló que la cifra total asciende a 448 millones de euros, si bien apuntó que previsiblemente cada anualidad se puede negociar una adenda de forma particular con cada administración local en base a sus necesidades.
De momento, para 2019 anunció que planteará una aportación a mayores de 3,62 millones de euros, un 3,25 por ciento más con respecto a la del año anterior, y que se dedicará a ayuda a domicilio y garantizar los sueldos de los trabajadores de los CEAS. Blanco matizó que aunque en su comparecencia de legislatura, el 6 de septiembre, vaticinó que el nuevo acuerdo se aprobaría antes de febrero de 2020, la idea es que sea mucho antes.
El Acuerdo Marco presta servicio a 160.000 usuarios y financia los servicios básicos que se ofrecen desde los CEAS, que cuentan con 844 trabajadores, y los que llevan a cabo los equipos de segundo nivel, que emplean a otras 388, con lo que se eleva a 1.226 la cifra de personas a los que da empleo la financiación de este acuerdo. Además, dijo, en estos cuatro años se aumentará progresivamente la cuantía en función de los presupuestos y las necesidades, pero siempre, insistió, con el suelo de los 112 millones.
Además del personal, uno de los tres ejes que citó la consejera, Blanco se refirió a la situación de la dependencia, la ayuda a domicilio y teleasistencia, entre otros; así como el apoyo a las familias en la lucha contra la drogodependencia y el apoyo a las personas mayores.
El sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de la Comunidad lo constituyen el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública y los de titularidad privada financiados total o parcialmente con fondos públicos, según la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León.
Dentro de este sistema, desempeñan un papel fundamental las Corporaciones Locales con competencias en materias de servicios sociales, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales.
Objetivos del Acuerdo Marco
Está destinado a financiar tres grandes áreas como son el personal de los Equipos de Acción Social, la atención a situaciones de Dependencia y el funcionamiento y prestaciones de la Red de Protección a las Familias y personas. Los primeros constituyen la unidad básica de articulación funcional del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. Prestan sus servicios en el Centro de Acción Social (CEAS) cuyo ámbito territorial se corresponde con la Zona de Acción Social y depende directamente de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o de las diputaciones, que prestan servicio a los municipios de menor población en el ámbito rural. En la actualidad, existe al menos un CEAS por cada Zona de Acción Social, 189 en toda la Comunidad.
Estos profesionales constituyen la puerta de entrada a los servicios sociales. Se encargan de prestar información, orientación y asesoramiento a todos los ciudadanos que lo soliciten sobre los recursos del sistema. Realizan, además, la detección, diagnóstico y evaluación de la situación de necesidad de cada caso, y elaboran un plan individualizado de atención de cada usuario así como un seguimiento de los casos. Junto a esto, desarrollarán acciones preventivas y de promoción de la convivencia e integración familiar y social, además de acciones de envejecimiento activo y prevención de dependencia. Dan prioridad al acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía y la valoración y seguimiento de las situaciones de Dependencia.
Igualmente, dentro de la Atención a las situaciones de Dependencia se financian servicios como el de ayuda a domicilio, la teleasistencia, servicios para las personas mayores, para las personas con discapacidad, formación para cuidadores no profesionales, el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP) y los programas de envejecimiento activo y prevención de la Dependencia de personas mayores.
Por último, dentro de la Red de Protección a las Familias y personas se costea una serie de programas cuyo objetivo final es la protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran el servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, los pagos extraordinarios frente a situaciones de deuda hipotecaria, ayuda económica de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, el servicio de apoyo preventivo a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo, el apoyo familiar para la protección a la infancia, el de actuaciones preventivas para familias con hijos menores en situación de riesgo y los programas de intervención en drogodependencias.