La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha criticado con dureza la anunciada ‘Ley de Concordia’ propuesta por PP y Vox tras su pacto para gobernar en Castilla y León, asegurando que “están utilizando la palabra concordia para iniciar una operación de blanqueamiento del franquismo” y “equiparar a quienes destruyeron la democracia con quienes la defendieron”.
En un comunicado, la ARMH recuerda que siempre ha sido muy crítica con el decreto de memoria del PP en Castilla y León, al entender que “era una operación de maquillaje ante el crecimiento electoral de Ciudadanos y ha dado unas migajas en forma de subvenciones a las que la ARMH nunca se ha presentado, por considerar que el modelo de subvenciones de búsqueda de desaparecidos denigra a las familias al hacerlas competir por unos escasos recursos que están muy lejos de garantizar sus derechos”.
El presidente de la asociación, Emilio Silva, nieto del primer desaparecido del franquismo identificado genéticamente, afirma que “PP y Vox quieren revertir el proceso que se abrió con la exhumación de Priaranza del Bierzo en el año 2000 a partir del cuál han salido a la luz los terribles crímenes cometidos por los golpistas del 18 de julio de 1936 y por quienes se beneficiaron sin escrúpulos de las violaciones de derechos humanos de la dictadura y las consintieron, las apoyaron, las orquestaron o se beneficiaron directa o indirectamente de ellas”.
En este sentido, la ARMH asevera que “la impunidad del franquismo está institucionalizada en España y lo que pretenden el PP y Vox es devolvernos al silencio de la transición, reiniciar la mejora democrática que ha supuesto el movimiento de la memoria histórica en las últimas dos décadas y llevarnos al punto en el que el Congreso de los Diputados oficializó la idea de que no había culpables y los franquistas ‘defendían sus ideas’, como si fuera lo mismo destruir la democracia que defenderla”.
Por último, Emilio Silva adelanta que la asociación “continuará sus labores en Castilla y León con independencia de lo que haga el nuevo gobierno autonómico” y confía en que “la radicalización de la derecha española haga reaccionar el Gobierno de España y que se haga consciente del daño que hacen a la democracia políticas de memoria débiles, como las declaraciones del ministro de la presidencia, Bolaños, que aseguró en el Parlamento que quiere establecer la fecha el 31 de octubre para conmemorar a todas las victimas de la guerra, equiparándolas, blanqueando a los verdugos y aplicando políticas que nunca se atreverían a plantear con las victimas del terrorismo diciendo que hay que celebrar a los verdugos y a quienes sufrieron su violencia”.
