V.R.O. El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado finalmente, con la abstención del PSOE y el voto en contra de PeC, el reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá abonar a la empresa concesionaria del Transporte Urbano de Ponferrada (TUP) 1,3 millones de euros, una parte de la deuda contraída con este servicio y un requisito exigido además por los trabajadores para no retomar su propósito de huelga ante el retraso en el pago de sus nóminas. 1.275.000 euros corresponden al déficit de explotación del servicio en 2014 y otros 185.000 euros a la amortización por la adquisición de la nueva flota de autobuses.
El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, justificó la abstención de su grupo ante el informe negativo de la Intervención a la operación, en el que se destaca que el déficit de la explotación no es tal, “porque el contrato no existe” dado que la concesión del servicio finalizó en 2012 y actualmente se presta, por decisión del anterior gobierno del Bipartito, como una prórroga.
La portavoz del PP, Amparo Vidal, puntualizó que, al margen de cuestiones técnicas, el Ayuntamiento debe pagar ese servicio porque ha dado una orden al concesionario para que lo siga prestando”.
El portavoz de CB, Pedro Muñoz, fue muy crítico con la actuación del exalcade, Samuel Folgueral, sobre este asunto”¿Qué hizo usted cuando fue alcalde?, ¿a qué se dedicó esos dos años?”, me parece que “se perdió en la espesura del documento” para que otros “desbrozaran la espesura”, explicó. “No pagamos el déficit de explotación de 2014 porque no estaba auditado”, le respondió Folgueral, que también aludió al nuevo modelo territorial que la Junta está preparando, con las llamadas áreas o unidades funcionales, y que según entiende podría obligar a Ponferrada a un transporte mancomunado con localidades cercanas.
Rosa Luna, portavoz de Ciudadanos, declaró por su parte que su voto a favor es la “última excepción” si el equipo de Merayo no les entrega la documentación de las sesiones “con tiempo suficiente”, algo de lo que viene quejándose en sucesivos plenos.
El portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, habló de “responsabilidades políticas y administrativas de quien gobernó los anteriores tiempos”, considerando el momento actual del TUP de “ilegalidad”.
Todos los grupos políticos del Ayuntamiento se han comprometido a trabajar para licitar cuanto antes un nuevo pliego de condiciones para el servicio, de manera que se solucione la situación de ‘alegalidad’ en la que se encuentra, según la Intervención municipal.