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El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado hoy la ley que modifica la organización y el funcionamiento de las cuatro instituciones propias de la comunidad autónoma, el Consejo Económico y Social (CES), el Procurador del Común, y los Consejos Consultivo y de Cuentas. La modificación está basada en un acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE en octubre pasado y que, según han coincidido el Grupo Popular y el Socialista, garantiza la continuidad de estas instituciones propias de la comunidad.
En defensa del proyecto de Ley ha intervenido el consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago Juárez, quien ha indicado que la modificación moderniza estas instituciones, algunas de las cuales, como el CES y el Procurador del Común, tienen más de veinte años de antigüedad. El consejero también ha defendido que el nuevo texto legal adapta las instituciones a la última reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y, además, reduce los costes de funcionamiento en un momento de crisis con una racionalización de los gastos. También ha resaltado la creación de una secretaría única para los cuatro órganos, dependientes de las Cortes de Castilla y León, y su adscripción presupuestaria al Parlamento autonómico lo que, a su juicio, contribuye a afianzar su independencia.
En el caso concreto del Consejo Consultivo, esta modificación supone un incremento de competencias, ya que, por ejemplo, recupera la posibilidad de dictaminar consultas sobre urbanismo (modificaciones que afecten a espacios públicos y zonas verdes), que tuvo hasta el año 2008; también podrá emitir dictámenes en el ámbito de la política exterior de la Comunidad Autónoma (artículo 67 del Estatuto de Autonomía, “Medios de la acción exterior de la Comunidad”). Asimismo la Institución con sede en Zamora podrá elaborar propuestas legislativas y por otra parte se reforzará la autonomía local de los municipios, ya que a partir de ahora éstos podrán solicitar dictámenes directamente al Consejo Consultivo sin el filtro de la Junta de Castilla y León. “Ha habido un conjunto de materias en las que el Consejo Consultivo ha aumentado competencias y desde ese punto de vista tanto las garantías de los administrados como la de la propia Administración han salido reforzadas”, señaló Mario Amilivia, presidente del Consejo Consultivo. La Institución cumplió el pasado mes de mayo 10 años de funcionamiento con más de 11.500 dictámenes emitidos.
La existencia de estas instituciones en el ámbito autonómico constituye una garantía para la defensa y protección de los derechos e intereses de los ciudadanos de Castilla y León, directamente a través de la figura del Procurador del Común, que tiene encomendada esa misión, o indirectamente a través del resto de instituciones que, junto con los mecanismos de asesoramiento y control interno con que cuenta la administración autonómica, garantizan además mediante un control externo que la actividad de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma sea adecuada desde el punto de vista jurídico y económico y que también responda y atienda a los intereses socioeconómicos y laborales de la sociedad castellana y leonesa.
La descentralización política y administrativa supone una mayor proximidad de la actuación de los poderes públicos a los ciudadanos, vinculada al territorio en el que desarrollan sus competencias permite así una democracia más cercana y participada. Porque esa proximidad y cercanía permite por un lado, que los poderes públicos conozcan directamente y de primera mano las necesidades de la ciudadanía, y por otro que estos ciudadanos puedan participar e intervenir en la actuación de dichos poderes públicos, solicitando la atención de sus intereses y controlando efectivamente su cumplimiento.
Es la verdadera esencia de la democracia que alcanza mayor virtualidad cuanto más cercano se encuentra el poder público a los destinatarios de sus actuaciones, y ello redunda además en una mayor agilidad, eficacia y eficiencia en el funcionamiento de dicha democracia.