El sindicato independiente de enseñanza ANPE exige al Ministerio de Educación que traslade al Gobierno la “urgente necesidad” de dotar de la normativa legal necesaria a las comunidades autónomas para que puedan convocar oposiciones a los cuerpos docentes este año. Así lo puso de manifiesto hoy en una reunión celebrada en la sede ministerial donde, además, solicitó las garantías jurídicas necesarias para llevar a cabo la convocatoria.
Por ello, concretó que debe actuarse “lo antes posible” a la hora de habilitar la normativa que permita que las comunidades autónomas que decidan convocar oposiciones lo puedan hacer. “Debe despejarse cualquier duda sobre la validez jurídica de dichos procesos, ya que, hay miles de interinos y aspirantes a los cuerpos docentes que están pendientes de ello”, expuso.
ANPE recordó igualmente en el encuentro una cuestión, a su juicio “fundamental y de especial relevancia”, como la reducción de la tasa de interinos en todas las comunidades autónomas y que quede fijada por debajo del 8 por ciento. “Las altas cifras de profesorado eventual que existen actualmente en todo el Estado son un mal endémico para nuestro Sistema Educativo y su disminución una necesidad para mejorar la calidad del mismo y dar estabilidad a los equipos docentes de los centros educativos.”, expuso.
En ese sentido, el sindicato exigió un compromiso del Ministerio de Educación para ser capaz de coordinar a todas las autonomías y “acordar las mismas convocatorias de oposiciones todos los años y que se fije con ellas el citado objetivo de reducir hasta esos niveles las tasas actuales de profesorado interino en los próximos cursos”. Para ello pidió que no se vaya en ningún caso más allá de la presente legislatura, “y debe ser el Ministerio el que lidere todo esto y propicie convocatorias de oposiciones anuales de los mismos cuerpos docentes en todas las comunidades autónomas”, dijo.
Revisar los recortes
En otro orden de cosas se instó al Ministerio a realizar una reversión de los recortes que a nivel estatal aún se mantienen, así como la negociación en la Mesa Sectorial de todas las cuestiones que afecten al profesorado relacionadas con el Pacto Educativo, “fundamentalmente el desarrollo de un Estatuto de la Función Pública Docente dentro de una necesaria Ley marco de la profesión docente y, en definitiva, que se escuche al profesorado en el trámite de una nueva Ley orgánica educativa”.
ANPE propuso también fijar un calendario de negociación del Estatuto Docente, comprometido por el Ministerio, y que debe ir acompasado y acompañando a la elaboración del Pacto Educativo. “Este acuerdo nos debe traer dos cuestiones fundamentales, una nueva Ley Orgánica de Educación nacida del consenso y un Estatuto de la Función Pública Docente que perfectamente se podría encajar, no sólo como desarrollo del Estatuto Básico de la Función Pública, sino también dentro de una futura Ley de la Profesión docente. Así se podrá regular nuestra profesión, no sólo en el ámbito de la función pública, sino también en el resto de ámbitos”, concluyó el sindicato.