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El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, denunció este jueves que el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud “padece una insuficiencia estructural” y precisó que en 2018, la deuda sanitaria no imputada a las cuentas se situó en 181 millones de euros, una cantidad que elevaría dos puntos, hasta un 37 por ciento, el peso del gasto sanitario sobre el total de obligaciones reconocidas ese ejercicio.
Asimismo, precisó que el porcentaje más alto de obligaciones pendientes de imputar se produce en los mismos cinco hospitales todos los años (Salamanca, León, Burgos, Valladolid Clínico y Valladolid Río Hortega). La representación de la deuda en estos centros alcanza el 63,6 por ciento y la del presupuesto ejecutado, el 48,9 por ciento. Advirtió en este sentido, de que el hecho de que en estos cinco centros se concentre el mayor importe de la deuda “no debe ser interpretado en términos de buena o mala gestión”. “El comportamiento de los centros en relación con la deuda es muy desigual a lo largo del periodo analizado y, sin embargo, el del gasto ejecutado es muy similar”.
Amilivia compareció en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el Informe de Fiscalización del Análisis y Evolución de la Deuda Sanitaria no imputada a Presupuesto en la Comunidad. En este sentido, significó que a pesar de que la política de gasto de Sanidad (3.714 millones en 2018) es la que mayor peso representa (35 por ciento del gasto) y de que experimentó un incremento del tres por ciento desde 2015, “la deuda sanitaria no imputada a presupuesto viene demostrando año tras año que tales dotaciones resultan insuficientes para hacer frente a todas las necesidades asistenciales de la Comunidad”.
El documento, explicó, pone de relieve que la ordenación sanitaria en la Comunidad está estructurada en once áreas de salud, y en todo el periodo analizado, el total de las gerencias de Atención Especializada aglutinan el 94,1 por ciento de la deuda, frente a las gerencias de Atención Primaria, el 5,3 por ciento, y la de Emergencias, el 0,6 por ciento.
El presidente del Consejo de Cuentas subrayó la constatación de que Castilla y León aumentó el gasto sanitario en el periodo 2011-2015 en unos 249 millones de euros, siendo una de las únicas cuatro comunidades en las que creció. Recordó que la deuda sanitaria estaba en los 1.169 millones en 2011, y se abordó con el plan de pago a proveedores, una cifra que en 2015 estaba en los 468 millones.
El informe, según comentó Amilivia, refleja una reducción de 2,7 puntos hasta 2018 en cuanto al gasto en Atención Primaria y en cambio un aumento del gasto en Atención Especializada de 5,9 puntos, mientras que la media nacional fue de dos. También se pone de manifiesto un descenso del gasto en farmacia (recetas) de 4,4 puntos en Castilla y León, 4,2 actualizando los datos a 2018, y una disminución en gasto de personal de 7,5 puntos desde 2011.
Amilivia trasladó la necesidad “reflexionar” sobre la importancia de preservar la sostenibilidad del sistema público sanitario, aunque comentó no obstante que a pesar de este déficit de financiación, Castilla y León, con los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2018, tiene un gasto per cápita de 1.629 euros, que la sitúa en el quinto lugar en el conjunto de las comunidades autónomas. Es superada por País Vaso y Navarra, que disponen de un régimen hacendístico diferenciado, y también, levemente, con un gasto casi idéntico, por Asturias y Extremadura.
En este sentido, las comunidades con mayor población y PIB tienen un gasto per cápita inferior: Cataluña y especialmente Madrid (1.289 euros). Andalucía, comunidad con mayor población, es la que tiene menor gasto per cápita (1.265 euros). Castilla y León supera en 168 euros la media de gasto por habitante.