Al paro los doce mineros que quedaban en La Escondida hasta que la empresa tenga el plan de restauración

Los doce mineros que todavía permanecían trabajando para el grupo Hijos de Baldomero García, que opera en la localidad lacianiega de Caboalles de Arriba, se han quedado en el paro hasta que HBG elabore y presente ante el Ministerio el plan de restauración y cierre de la mina.

Así lo han asegurado a este medio de comunicación fuentes de la propia empresa, quienes han confesado que “si no tenemos el plan de cierre presentado no nos van a cubrir los gastos, no entrarían en la subvención de la restauración, así que tenemos que parar para poder hacerlo”. Aún así, las mismas fuentes ya han avanzado que confían en que esté finalizado en un mes.

Una vez resuelto el trámite, los doce trabajadores se reincorporarán al tajo para desarrollar las labores de restauración y de desmantelamiento. “En un principio necesitaremos esa docena de mineros pero se irá viendo si algún trabajo requiere de más o no” porque cabe recordar que el tiempo establecido para estas tareas es de tres años.

La intención de Manuel Viloria, propietario de la explotación, siempre fue mantener La Escondida con actividad, si bien es cierto, la empresa contempla otras posibilidades para continuar trabajando en el sector minero como explotar subterráneamente en El Feixolín o en el antiguo grupo Paulina, proyectos que ya han sido presentados ante la Dirección General de Minas y que “ahora mismo dependen de trámites que han de ser dados de paso por este organismo y por Medio Ambiente”, apuntan las mismas fuentes.

Respecto a La Escondida, el desmantelamiento comenzó a llevarse a cabo, de forma paulatina, a principios del pasado mes de enero, después de que en diciembre la empresa pusiera sobre la mesa la carta de despido para casi la totalidad de los mineros de la explotación, a excepción de esos doce. Aún así, Viloria se afanó e insistió en negociar con el ministerio para la Transición Ecológica la fórmula jurídica y flexible que permitiera la devolución de las ayudas estatales-8,35 millones de euros- para cumplir con la directrices que establece la Unión Europea. Una fórmula que desgraciadamente nunca llegó.