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Municipios, universidades, diputaciones y Administración autonómica aceptaron el 75 por ciento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas durante el año 2021, según reveló el Informe de seguimiento presentado por el presidente del órgano fiscalizador, Mario Amilivia. Sin embargo, el grado de cumplimiento de estas recomendaciones se sitúa en un 51 por ciento, de acuerdo con las respuestas proporcionadas por las administraciones en 2022.
En total, se considera que se aplicaron de forma íntegra o parcial 194 de las 380 recomendaciones analizadas. El porcentaje de aceptación incluye tanto aquellas recomendaciones que se considera que se han cumplido total o parcialmente como aquellas en las que únicamente se ha manifestado su conformidad.
Amilivia destacó que, a pesar del progreso, un 24 por ciento de las recomendaciones aún no han sido aplicadas hasta la fecha del informe. No obstante, el Consejo de Cuentas tomó en consideración estas recomendaciones debido a su contenido relevante. Cabe señalar que los plazos para cumplir con estas recomendaciones pueden variar según cada caso.
El presidente del Consejo de Cuentas instó a las administraciones a implementar las recomendaciones no atendidas, enfatizando que el cumplimiento de las mismas refleja la auctoritas de la institución. Aunque las administraciones no están legalmente obligadas a seguirlas, el prestigio de los análisis y opiniones del Consejo de Cuentas juega un papel crucial en su aplicación.
En cuanto al grado de aceptación por administraciones, las universidades públicas lideran con un 92 por ciento, seguidas por las diputaciones con un 78 por ciento, los municipios con un 70 por ciento y la Junta de Castilla y León con un 68 por ciento.
Sin embargo, en cuanto al grado de cumplimiento, las cifras varían significativamente. Las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo alcanzaron un 67 por ciento, la Junta de Castilla y León un 38 por ciento, los municipios un 37 por ciento y las universidades un 28 por ciento.
El informe resalta que, en general, todas las administraciones analizadas se sitúan por encima del 50 por ciento en términos de recomendaciones aceptadas en los últimos años. No obstante, los municipios experimentaron una disminución del 24 por ciento en comparación con el año anterior debido a la introducción de los informes de auditoría informática, que exigen personal altamente cualificado que algunos ayuntamientos no disponen.
El cumplimiento de las recomendaciones ha mostrado una evolución heterogénea a lo largo de los años. En 2021, se produjo un descenso del 4 por ciento respecto al año anterior, siendo el 56 por ciento el indicador más alto alcanzado en 2019 y el 34 por ciento el más bajo registrado en 2015.
Evolución histórica
En la evolución histórica de la aceptación de las recomendaciones por tipo de administración, se destaca que todas las administraciones analizadas han superado el 50 por ciento de recomendaciones aceptadas en los últimos años, con excepción de casos puntuales.
En el caso de los municipios, que alcanzaron un grado de aceptación del 94 por ciento en 2020, experimentaron una disminución del 24 por ciento este año debido a la necesidad de contar con personal altamente cualificado para cumplir con los nuevos requisitos de auditoría informática.
El cumplimiento de las recomendaciones varía significativamente entre los diferentes entes fiscalizados. En 2021, se registró un descenso del 4 por ciento en comparación con el año anterior, situándose en un 51 por ciento de cumplimiento total o parcial.
El informe revela que el porcentaje más alto de cumplimiento se alcanzó en 2019, con un 56 por ciento, mientras que el registro más bajo se registró en 2015, con un 34 por ciento. En total, durante los nueve años en los que se ha llevado a cabo el informe, se han aplicado un total de 862 recomendaciones, lo que representa un promedio del 47 por ciento para el periodo 2013-2021.
Según la naturaleza de los informes, se observa que el porcentaje de cumplimiento no varía sustancialmente. En los informes legales, se aplicaron total o parcialmente el 43 por ciento de las recomendaciones analizadas, mientras que en los informes especiales el porcentaje de cumplimiento alcanzó el 52 por ciento.
El grado de cumplimiento de las recomendaciones por parte de la Junta de Castilla y León, la única administración que es fiscalizada todos los años, se sitúa en un 38 por ciento, lo que supone un descenso de diez puntos respecto al año anterior. Aunque es el tercer mejor registro de la serie histórica, es necesario continuar avanzando para mejorar la calidad de la gestión pública.