PREMIOS MUJER 2024

Cerca de 4.600 castellanos y leoneses tienen prohibida la entrada a locales de juegos

Un joven en rehabilitación por ludopatía: “El sueldo me duraba dos días. Robé y estafé para conseguir dinero y apostar”
Sala interior de un bingo / EBD

Un total de 4.594 castellanos y leoneses están incluidos en el Registro de Prohibidos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), de calado nacional e interconectada entre todas las comunidades autónomas. En dicho sistema se incluyen los establecimientos de juegos y apuestas presenciales, así como las plataformas online, uno de los desencadenantes de este crecimiento; con el objeto de impedir que estas personas no puedan acceder a sus servicios en cualquier parte de España, según los datos facilitados a la Agencia Ical por la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fecyljar).

Este sistema trabaja de manera paralela con el registro de prohibidos y los datos que maneja la Junta a través de la Memoria del Servicio de Juego, que únicamente es valida para la Comunidad y se centra solamente en los establecimientos presenciales, con 1.018 castellanos y leoneses incluidos.

Desde Fecyljar hacen hincapié en el ámbito de la autoprohibición a partir de la inscripción en un registro que impide el acceso del inscrito a aquellos juegos respecto de los que la Administración pública competente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador con el fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a que les sea prohibida la participación en las actividades de juego.

Economía y microcréditos

Una parte de este problema se vincula a las crisis económicas, ya que se ha comprobado que tras superar estas situaciones se registra un aumento de los casos de ludopatía, deja claro a la Agencia Ical el presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados.

Esto es debido a que la gente juega y apuesta con los “pocos recursos”, dado que persiguen el objetivo de aumentar esas pequeñas cantidades de las que disponen para hacer la compra o pagar facturas, pero “no da buenos resultados”.

“La desgracia es que el juego es un negocio y está pensado para que gane la casa y no los jugadores”, afirma, lo que provoca que el problema de esas personas vaya en aumento. A mayores, la sombra de los microcréditos asoma como aliada de la ludopatía, de ahí que Ángel Aranzana ponga en valor la existencia de otro listado para evitar que las personas con este problema puedan pedir préstamos en este tipo de empresas. “Sirven de cortafuegos para cerrar puertas”, sentenció.

¡Bingo!

El bingo puede contribuir al desarrollo de la ludopatía en algunas personas. La ludopatía, también conocida como juego patológico o ludomanía, es un trastorno psicológico caracterizado por la incapacidad de resistir el impulso de apostar, lo que puede llevar a consecuencias negativas en la vida personal, social y económica de la persona afectada.

Aunque el bingo es generalmente considerado como un juego de azar de bajo riesgo, para algunas personas puede convertirse en una actividad compulsiva. Esto puede ocurrir debido a varios factores, como la facilidad de acceso al juego, la disponibilidad constante de partidas, el entorno social que rodea al juego y la posibilidad de obtener recompensas monetarias.

Es importante tener en cuenta que la ludopatía no está determinada únicamente por el tipo de juego, sino también por la predisposición individual, los factores ambientales y sociales, y otros factores psicológicos. Por lo tanto, mientras que el bingo puede ser una forma de entretenimiento para la mayoría de las personas, para algunas personas con una vulnerabilidad particular, puede desencadenar problemas de juego compulsivo.

En ese sentido, la Junta está inmersa en un proyecto sobre el entorno web para que los establecimientos puedan implantar sistemas técnicos avanzados de control de acceso a los locales, como el reconocimiento biométrico o la huella digital. El objetivo es ayudar a mejorar el registro de visitantes y el impedimento de acceso a personas que lo tengan prohibido en el registro público.