17 trabajadores de la Sanidad Pública fueron agredidos en 2014 en el Bierzo

El ligero aumento de los incidentes en los centros sanitarios el año pasado se debe sobre todo al incremento registrado en Atención Primaria, donde se pasa de 142 a 166. Sin embargo, se reducen los incidentes en los hospitales, concretamente de 217 a 203. El resto fueron dos en las gerencias de área y cuatro en el servicio de emergencias.

A pesar de este incremento general, el número de profesionales agredidos prácticamente no varía, ya que en 2013 se presentaron 432 y en 2014 un total de 435. En su conjunto, 165 fueron facultativos, 146 personal de enfermería, 73 técnicos auxiliares de enfermería, 14 celadores y 31 personas clasificadas como otro personal (odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera).

Otro dato del registro revela que 360 de los agredidos fueron mujeres y sólo 75 hombres. Del análisis de la plantilla total de Sacyl se deduce además que el año pasado fueron agredidos el 0,83 % de los hombres y el 1,32 % de las mujeres, cifras muy similares a las de 2013.

Como viene siendo habitual, la mayoría de las agresiones -63 % del total- fueron verbales y el 21 % psicológicas. El 16 % restante fueron físicas -un total de 97, una menos que el año pasado-. Un 51 % de ellas tuvieron como consecuencia algún tipo de lesión, aunque sólo un 6 % supuso incapacidad temporal.

Otro dato indica que 83 de esas agresiones físicas tuvieron lugar en los hospitales, 13 en los centros de Primaria y una en Emergencias. Un total de 44 de ellas se registraron en los servicios de Psiquiatría, 13 en Urgencias, una en Medicina Interna, 7 en consulta y el resto en otros lugares, incluida la calle o el domicilio del paciente.

Sobre las posibles causas que desencadenan la acción violenta, un 35 % se refiere a discrepancias con el criterio asistencial del profesional -bajas laborales, petición de pruebas, prescripción de medicamentos-, seguido de un 22 % por disconformidad en el trato y trastorno psíquico.

En cuanto al perfil del autor de las agresiones, se mantienen estables los datos de otros años: un solo agresor, hombre en las 2/3 partes de los casos y usuario (3/5). En concreto, el registro indica que un 65 % son hombres y un 35 % mujeres, un 62 % son usuarios y un 36 % familiares, siendo el 90 % de los incidentes protagonizados por una sola persona. Destaca un descenso de la reincidencia, pasando del 20 % al 14 %.

Delito contra funcionario público

Por lo que se refiere a los procedimientos judiciales en defensa de los trabajadores agredidos, la Gerencia Regional de Salud ha registrado ya 153 sentencias condenatorias, de las cuales 37 lo han sido por delito -32 de ellas califican los hechos como atentado a funcionario público-, lo que supone un apoyo decisivo dentro del plan integral que la Consejería de Sanidad puso en marcha en 2008, con la colaboración de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Hay que hacer especial mención a las sanciones administrativas impuestas por la propia Consejería de Sanidad, una figura novedosa que supone un complemento significativo a la actuación judicial y que ya cuenta con 16 resoluciones definitivas contra el agresor.

Dentro de este apartado hay que recordar la modificación de la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, de manera que se reconoce el derecho de los profesionales a ser respetados y valorados, y se les confiere consideración de autoridad pública y presunción de veracidad, con todo lo que eso supone. Sólo Aragón y Castilla y León han regulado hasta el momento esta materia.

Por su parte, el teléfono de asesoramiento 902 197 781 ha recibido desde su puesta en funcionamiento 1.417 llamadas. La Junta de Castilla y León ha puesto además a disposición de los profesionales de Sacyl el servicio telefónico 012 para la recepción de las denuncias.

En el aspecto de la formación, desde el año 2008 se han impartido 531 cursos a un total de 8.792 profesionales, en materias como técnicas de detección de conductas violentas, manejo de pacientes agitados o seguridad en la atención a personas con trastornos mentales graves.

Dentro de las medidas para prevenir agresiones, destaca que la Gerencia Regional de Salud ha elaborado una carta de rechazo genérica que se remite a los agresores, en la que se les recuerdan las acciones y sanciones previstas por la ley, se les advierte que pueden ser cambiados de profesionales y se les comunica que tienen derecho a presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas si no están de acuerdo con la asistencia recibida.

El pasado 30 de enero de 2014 la Junta de Castilla y León establecía una serie de medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de la Administración para hacerla más eficaz, eficiente y transparente, y adaptarla a las necesidades actuales de los ciudadanos. Entre ellas, se recogía la creación de un único Observatorio de Castilla y León que desarrolle las funciones de estudio, análisis y seguimiento en materia de violencia de género, convivencia escolar y agresiones al personal sanitario, que sustituía a los 16 observatorios anteriores, entre los que se encontraba el Observatorio de Agresiones al personal de Sacyl, creado en 2009.

La Junta aprobó el pasado mes de octubre la creación y regulación de este observatorio. La reunión constitutiva tuvo lugar el 25 de noviembre, celebrándose ese día la sección de violencia de género, y la pasada semana tuvo lugar un encuentro de la sección de convivencia escolar.

Medidas de futuro

Las medidas de futuro previstas por Sanidad en esta materia incluyen la revisión de los centros de salud en seguimiento -actualmente hay 43-, de manera que se evaluarán de nuevo las agresiones producidas en todos ellos o en determinados servicios hospitalarios –sobre todo Urgencias y Psiquiatría- para determinar en cuáles es preciso la adopción de nuevas medidas de prevención de agresiones.

Por último está en estudio una propuesta efectuada por el sindicato Satse en el sentido de que la tarjeta identificativa de los trabajadores de los centros sanitarios indique únicamente el número de plantilla o de nómina y la categoría profesional de los trabajadores, y no sus nombres.