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El Ayuntamiento de Ponferrada recibió este miércoles la providencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León en la que se ordena ejecutar, en un plazo de 20 días, la sentencia que anula el polémico pleno de sábado santo, según publica hoy en exclusiva BierzoDiario.
Según el mismo, el auto “plantea la ejecución forzosa de la resolución una vez transcurrido el plazo concedido de dos meses para proceder a hacer efectiva la decisión judicial contenida en la resolución y otorga un plazo de 20 días para el cumplimiento efectivo de la resolución judicial”.
El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso del Bipartito contra la sentencia del Contencioso Administrativo que declaraba nulo el pleno que aprobó los sueldos sus sueldos tras la moción de censura que llevó a Samuel Folgueral a la Alcaldía. Se le conoce popularmente como el ‘pleno del sábado santo’, al celebrarse ese día, y con un cáracter de urgencia con el que no estuvo de acuerdo la oposición.
En el caso de que el Ayuntamiento no aplicara la sentencia en dicho plazo, el juzgado advierte de que “adoptará las medidas oportunas para lograr la efectividad de resolución, mediante la imposición de multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes involucrados en el cumplimiento de la resolución y deducir, dice literalmente el auto, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, vienía reiterando que su gobierno cumpliría lo que dispusiera la ley y que aplicaría la sentencia una vez fuera recibida.
Al parecer, según un informe jurídico que la alcaldesa habría encargado a los servicios jurídicos municipales, la devolución de los salarios de dos años afectaría a los ediles no adscritos con dedicación exclusiva: Samuel Folgueral, Santiago Macías y Fernando Álvarez. Sin embargo, excluiría a los tres representantes de IAP en el gobierno local —Emilio Cubelos, Cristina López y Sergio Gallardo— al interpretar que no tuvieron ninguna intención de beneficiarse de la convocatoria, ya que en su caso no se produjo un cambio de grupo político.
Es cierto, la Justicia es ciega y al menos en este caso no ha tenido en cuenta una realidad. Esa realidad es que a Samuel Folgueral, Santiago Macías y Fernando Álvarez no les ha quedado otro remedio que cambiar de grupo político al haber sido expulsados del que formaban parte (PSOE). ¡Para mear y no echargota!.
Que la justicia decida si un pleno debe tener caracter ordinario o extraordinario es una tomadura de pelo. Entre otras cosas porq nos hara pagar las costas mas el dinero de menos que han cobrado los ediles al quedar aplicado el reglamento anterior, donde el sueldo del alcalde riesco y concejales con dedicacion era ni mas ni menos que el doble. La justicia se tiene que dedicar a investigar si procede las dudas del mundial. Desde 2009 q se empezo a gestar hasta el ultimo centimo, si ve irregularidades graves claro, no investigar por investigar que luego las costas ya sabemos quien las paga. Pero esto es un chiste y una tomadura de pelo.